Claudio X. González encabeza entrega de documento a la Corte para pedir acabar con Plan B

Con el propósito de apoyar las impugnaciones realizadas por los partidos de la oposición y del Instituto Nacional Electoral (INE) en la era de Lorenzo Córdova Vianello, organizaciones civiles como Sí por México, Unidos por México, sociedad Civil México, Poder Ciudadano, Frente Cívico Nacional y la UNE México, encabezadas por Claudio X. González, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar una ‘amicus curiae’ con sus argumentos jurídicos para pedir la invalidación de la segunda parte del Plan B en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión a inicios de este año e impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El empresario que también fue el principal impulsor de la alianza opositora ‘Va por México’ acompañó a los miembros de las organizaciones civiles hasta el máximo tribunal de justicia desde donde realizaron un mitin en el que mostraron los cuadernillos con 360 mil firmas que recolectaron para respaldar su petición de ‘amicus curiae’ en la que dan su opinión sobre el caso que discutirá la Corte, pero que no implica ninguna obligación para los ministros escucharla, tomarla en cuenta, ni dar respuesta.

«Se entrega hoy ante la Corte con argumentos para que la Corte deseche el Plan B. Es un evento histórico y manda una señal muy importante que el INE no se toca, 360 mil firmas de mexicanos y mexicanas defendiendo su democracia y su libertad de manera pacífica», dijo Claudio X. González.

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Vestidos de rosa como señal de que siguen unidos en “la marea rosa” de las dos marchas, los líderes de las organizaciones llevaron a cabo su mitin a un costado del edificio de la Corte en el que la oradora principal fue Alejandra Latapí Renner, exconsejera del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), quien refirió que la segunda parte del Plan B debe ser invalidado porque al igual que la primera parte “no se cumplió con el proceso legislativo”, por tanto existen numerosos vicios procedimentales.

“La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada sin el mínimo apego al proceso legislativo en la Cámara de Diputados y en su oportunidad la Cámara de Senadores culminó el trámite exhibiendo también su desprecio al clamor ciudadano. Ante el avasallamiento legislativo, que no tomó en cuenta ni el parecer de la ciudadanía, de expertos, ni del propio órgano electoral, nos quedó claro que la siguiente instancia y dique democrático para detener al autoritarismo es el máximo tribunal constitucional”, sostuvo.

La segunda parte que plantean dejar sin efecto tiene que ver con las reformas que los legisladores hicieron a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.