Nación
Fiscalía pide 82 años de cárcel para Murillo Karam por caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), solicitó a un juez federal que se le imponga una pena de 82 años de prisión a Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (FGR) en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, por el caso de los jóvenes normalistas.
El Ministerio Público federal pidió que se le den al cercano colaborar peñista 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, más 10 por delitos contra la administración de la justicia y otros 12 por el ilícito de tortura en la que habría incurrido contra presuntos responsables y testigos para armar la llamada “verdad histórica”, lo que suma el total de 82 años de cárcel.
Sin embargo, será el juez quien decida en durante la continuación de la audiencia intermedia sí esta petición procede o no, y para la cual la UEILCA presentó 69 testimonios, 65 documentales y 43 peritajes con los que asegura se prueba la culpabilidad del exprocurador en cada uno de los delitos imputados, principalmente en el de tortura que indujo a detenidos para obligarlos a declararse culpables, así como falsificó indicios de pruebas para evitar que se llegara a la verdad de los hechos.
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De acceder el juez a la petición de la Unidad Especializada en el caso Ayotzinapa, Murillo Karam actualmente de 75 años, podría pasar el resto de su vida en prisión, pues tendría que purgar una condena de 82 años, es decir, tendría 157 años para cuando se cumpliera la cantidad de años de la sentencia.
Al priista y exgobernador de Hidalgo que fue detenido en agosto del año pasado, las autoridades también le siguen un proceso judicial por los delitos de delincuencia organizada, por el cual podrían pedir 40 años adicionales de prisión que se sumarían a los otros 82.
Por su parte, la defensa de Murillo Karam que desde que fue ingresado al Reclusorio Norte ha presentado diferentes afecciones de salud que lo han sacado del penal para trasladarlo al hospital en al menos dos ocasiones, aseguran que la petición de la UEILCA no tiene justificación. “Es una pretensión que no tiene sustento”, sentenciaron los abogados.
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