Corte programa discusión del Plan B pese a solicitud de presidencia

A pesar de la solicitud de la Presidencia de la República de atender primero las impugnaciones que se presentaron contra la Ley General de Comunicación Social hace cinco años, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán el próximo lunes las siete acciones de inconstitucionalidad en contra del paquete de reformas a leyes secundarias conocido como Plan B.

La Corte resolverá si existe inconstitucionalidad en las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas por el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre; tras considerar que no era “factible” la solicitud planteada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) porque la discusión ya se encuentra en la lista de asuntos a resolver con fecha fija.

El “máximo tribunal” detalló que las impugnaciones fueron tramitadas con carácter de electoral y ello implica ciertos plazos. Además, garantizó que la discusión del lunes no afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018.

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Esto a pesar de que el miércoles el CJEF exhortó a la Corte a resolver la constitucionalidad de la Ley de Comunicación expedida en 2018. Sin embargo, la Corte destacó que dicho proyecto de sentencia relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.

En el comunicado de la Corte se menciona que la reforma que menciona presidencia estaba a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien no la ha entregado a sus compañeros del pleno, a la par que no se había entregado con anterioridad para su difusión.

El pasado martes se filtró el proyecto de sentencia que presentará el ministro Alberto Pérez Dayán ante el pleno, mismo que plantea anular la primera parte de las reformas en materia electoral contenidas en el “Plan B”. Ante eso, la Consejería Jurídica de Presidencia señaló que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad”.