Presidencia exhorta a SCJN discutir impugnaciones pendientes desde hace cinco años, antes de resolver plan B

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) emitió un comunicado en el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice las impugnaciones, realizadas hace cinco años, contra la Ley General de Comunicación Social, antes de resolver las presentadas contra el “Plan B” de reforma electoral.

El órgano se dirigió a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernandez, para que, previo a que se discuta y analice la serie de reformas a Leyes Secundarias en materia electoral, se resuelva la constitucionalidad de la Ley de Comunicación expedida en 2018. Esto sosteniendo que no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación.

En el escrito se detalla que el dictamen fue aprobado por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) antes del proceso electoral del 2018. Sin embargo, recordó esta fue criticada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la minoría legislativa, entre la que estaba Movimiento Ciudadano, argumentando que existieron vicios en el procedimiento legislativo y hay contradicciones constitucionales al aprobarla.

La Consejería sostuvo que el propósito de la solicitud es para evitar la emisión de sentencias contradictorias dado que podrían violentar el principio de seguridad jurídica; en consecuencia su llamado fue para que este asunto se resuelva “sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.

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“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, expuso al respecto.

Desde marzo, AMLO planteó la posibilidad de que la Corte rechace mayoritariamente su «Plan B», al considerar, el 3 de marzo, que es un poder plagado de corrupción y al servicio de grupos de intereses creados. En tanto, el 27 de marzo se pronunció contra la suspensión de la reforma por parte del ministro Javier Laynez Potisek al considerar que se extralimitó.

El pasado martes se filtró el presunto un proyecto de sentencia que presentará el ministro Alberto Pérez Dayán ante el pleno, mismo que plantea anular la primera parte de las reformas en materia electoral contenidas en el “Plan B”. Ante eso, la Consejería Jurídica de Presidencia señaló que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad”.

Presidencia puntualizó en que ·los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada”, de acuerdo con el Acuerdo General número 18/2006. Por eso mismo, cuestionó al responsable de resguardar dicha información y al que originó su filtración.