Adán Augusto López acude a la SCJN para dialogar sobre el futuro de la Guardia Nacional

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para platicar sobre el tema de la Guardia Nacional. Esto luego de que se diera a conocer que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá prepara un proyecto para declarar inconstitucional. su paso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de Twitter, Adán Augusto López informó que estuvo en la SCJN para tratar el tema de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas.  Asimismo, señaló que la coordinación entre el poder ejecutivo y el judicial siempre rendirá frutos.

“Estamos obligados a dejar las diferencias a un lado por el beneficio del pueblo”, escribió en su cuenta personal. Cabe destacar que este no dio más detalles sobre con qué ministro o ministros tuvo un encuentro ni su opinión respecto al proyecto a discutirse.

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Cabe destacar que el 12 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que sería un error garrafal de la Corte el impedir el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Este opinó que esa es la única manera de hacer que el cuerpo de seguridad pública creado en 2019 permanezca sin corromperse como le pasó a la Policía Federal, modelo policiaco impulsado por Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna.

¿Por qué se discute el paso de la Guardia Nacional a la Sedena en la SCJN?

Fue el 9 de septiembre de 2022 cuando las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en el Senado de la República la minuta proveniente de San Lázaro para reformar el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional.  Con esto, quedó establecido que el mando del cuerpo de seguridad quede bajo supervisión del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, en lugar de la  de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Ante ello, la oposición argumentó que lo aprobado contraviene lo plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21 sobre que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Asimismo, señalaron que se trataba de una nueva ampliación de la militarización por parte del mandatario mexicano.

Debido a esa diferencia, 49 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), (Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y sin partido promovieron una acción de inconstitucionalidad. Esta fue admitida por el ‘Máximo Tribunal Constitucional’ el 24 de octubre.