Gobernadores 4T piden a la Corte revertir suspensión del Plan B concedido por el ministro Laynez

Por considerar que suspensión del Plan B en materia electoral concedida por el ministro Javier Laynez Potisek es anticonstitucional, los 22 gobernadores afines a la Cuarta Transformación pidieron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir el recurso admitido por uno de sus integrantes.

“La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea, la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar para suspender las normas generales”, aseguraron.

Además, acusaron intromisión en el equilibrio de poderes, toda vez que solamente uno de los ministros de los 11 existentes “suprime de un plumazo” reformas aprobadas por el Poder Legislativo, “representación popular legítima”.

Los mandatarios estatales respaldaron una vez más las reformas emprendidas por el Ejecutivo federal y que el Congreso de la Unión terminó de aprobar en febrero pasado y con la que buscan adelgazar al Instituto Nacional Electoral (INE).

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Los morenistas expresaron que con las reformas que suspendió su aplicación Laynez Potisek de ninguna manera se pone en riesgo la democracia, los procesos electorales, ni mucho menos el funcionamiento del órgano electoral, sino más bien se quiere acabar con prácticas “fraudulentas”, explicaron en un desplegado.

“Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”, apuntaron.

Por todo ello, pidieron al pleno de la SCJN “revertir” la decisión del ministro Javier Laynez, como ya lo ha solicitado e impugnado la presidencia de la República, “a fin de restaurar el equilibrio y respeto necesarios entre los poderes de la unión y evitar con ello que se consuma un atropello a la constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.

Asimismo, subrayaron que de ninguna forma la transformación de la vida pública de México podrá ser detenida “mediante maniobras mañosas y de dudosa legalidad” para beneficiar a la oligarquía.