Nombran a Rosendo Gómez, cercano a Adán Augusto, como nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa

El abogado Rosendo Gómez Piedra, cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue nombrado como el nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo por diferencias con la intervención de Alejandro Gertz Manero en la investigación que realizaba.

De acuerdo con el gobierno federal, desde el pasado sábado 1 de octubre tomó posesión el nuevo encargado de la investigación para dar con el paradero de los jóvenes estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 durante el gobierno del príista Enrique Peña Nieto, y de llevar ante la justicia a los responsables del crimen de Estado, como fue catalogado por la Comisión de la Verdad y la Justicia encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez.

Gómez Piedra es un abogado tabasqueño con una especialidad en derecho judicial y maestría en derecho penal. Durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco, éste se desempeñó como titular del Tribunal Conciliación y Arbitraje del estado. Además, durante la administración estatal del perredista Arturo Núñez, fue su secretario de Gobierno.

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Asimismo, el ahora encargado del caso Ayotzinapa, fungió como consejero y presidente del Instituto Electoral de y Participación Ciudadana, para luego pasar a ser presidente del Tribunal Electoral también de la entidad. Y en su paso por las administraciones en el entonces Distrito Federal fue subprocurador de procesos de la Procuraduría General de Justicia del DF.

Además de esos cargos, se desempeñó como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en el gobierno federal actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, dependencia encargada de construcción del Tren Maya en el sureste mexicano.

Pese a toda esa experiencia, el vocero y abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada desde 2014, Vidulfo Rosales, dijo que tanto él como las familias desconocen la experiencia que el cercano al secretario de Gobernación pueda tener. Además, acusaron que el nombramiento fue hecho de manera unilateral por parte de las autoridades.