A 8 años del “crimen de Estado” en contra de 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún hay preguntas qué responder

A ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando gobernaba el país el priísta Enrique Peña Nieto, y pese a los esfuerzos de la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar con la verdad para ofrecer justicia a los normalistas y sus familias, aún hay muchas interrogantes qué responder y culpables que poner tras las rejas.

Empeñado en dar con la verdad sobre lo ocurrido en aquella fatídica noche en Iguala, Guerrero, el presidente López Obrador instruyó formar una comisión especializada —Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa— para hacer una investigación sobre lo ocurrido a los estudiantes guerrerenses dejando de lado la llamada ‘Verdad histórica’ construida por el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Dicha comisión reconoció recientemente, el 18 de agosto, que la desaparición forzada de los estudiantes fue “un crimen de Estado” en la que se encuentran involucrados decenas de exservidores públicos y militares quienes por acción u omisión contribuyeron en el crimen y esclarecimiento de lo que sucedió con los normalistas que hasta la fecha se desconoce qué fin tuvieron, ello, en el entendido de que el titular de la comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, afirma que “no existen indicios de que los estudiantes de Ayotzinapa se encuentren con vida”.

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Pese a enterar a los padres de familia de esa conclusión dolorosa que ellos aguardaban no escuchar porque siempre se mantuvieron con la esperanza de volverlos a ver y hasta se convirtió en uno de los estandartes de protesta y búsqueda: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Ahora el llamado se ha volcado en la exigencia de “¡justicia!” para sus hijos y castigo para los involucrados.

Tras dado a conocer el primer informe de la Comisión de la Verdad en el que se reveló que militares de los batallones 27 y 41 con sede en Iguala habrían omitido ayudar a los estudiantes, pese a estar enterados de lo que ocurría esa noche pues éstos tenían el control del C4 municipal, la Fiscalía General de la República —quien está a cargo de la investigación judicial— liberó 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa; así como contra cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Sin embargo, de ellas apenas se han ejecutado algunas entre las que destacan la aprehensión del exprocurador Murillo Karam y la del capitán José Martínez Crespo. Al tiempo que se liberaron órdenes de captura contra el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco —quien realizó las diligencias del caso en Iguala—; el exsecretario de seguridad del estado Leonardo Vázquez y la extitular del Tribunal Superior de Justicia del estado, Lambertina Galeana Marín.

Pero en este caso que aún le quedan muchos caminos que explorar, también hay reclamos por parte de las autoridades investigadoras de la Comisión hacia el Poder Judicial a quien le piden colaborar y no liberar a los imputados, toda vez que al menos 121 resoluciones absolutorias han emitido jueces a favor de implicados “claves”, como es el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abraca, según demandó Encinas Rodríguez.

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Es por eso que las reiteradas exigencias de los padres “en su lucha legítima” para que encierren a los culpables de la desaparición de los jóvenes estudiantes, los llevó, en el marco de las semanas de movilizaciones, a acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la embajada de Israel en México, a protestar para que uno de los implicados claves en conocer qué pasó con los normalistas, Tomás Zerón de Lucio, exjefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la PGR, sea extraditado a México para que aporte todo lo que sabe sobre el caso y sea juzgado por encubrir y torturar a testigos.

Dichas protestas que se han visto enturbiadas por los brotes de violencia en los que incurren los actuales estudiantes de Ayotzinapa que acompañan en todo momento a los familiares de sus compañeros víctimas de desaparición forzada, pues este jueves y viernes lanzaron bombas molotov y pintaron el campo militar número 1, al igual que la embajada, la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En su continuo peregrinar durante estos largos ocho años de exigir que se aclare el caso, los padres han llevado acabo infinidad de movilizaciones por todo el país con la esperanza de dar con el paradero de sus hijos o por lo menos sus restos, y mayor apoyo de las autoridades que los ayuden al esclarecimiento, y que lleven a responder el por qué fueron desaparecidos. Bajo esa idea, este lunes 26 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, una vez más marcharán en la capital del país para conmemorar un año más del “crimen de Estado” del que fueron víctimas sus jóvenes hijos.