Aprueban diputados extender hasta 2028 permanencia del Ejército en las calles; dictamen va al Senado

Después de una amplia discusión poco menos de nueve horas, los diputados aprobaron en lo general y particular extender el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad de marzo de 2024 a 2028, por lo que el dictamen pasa al Senado de la República.

Con 335 votos a favor de los legisladores de la bancada del PRI, Morena, PT y PVEM; 152 en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y una abstención, los diputados avalaron la propuesta de la priísta Yolanda de la Torre de modificar el plazo previsto que se agotaría en 2024.

Pese al gran respaldo tricolor a su iniciativa, los legisladores José Yunes y Sue Bernal votaron en contra, mientras que Ana Lilia Herrera lo hizo en abstención.

Pese a que este martes durante la discusión del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales la diputada del PRI Cristina Ruiz Sandoval pidió la adición de una reserva para que el plazo planteado por su compañera De la Torre de que las Fuerzas Armadas se quedaran hasta 2028, fuera más allá y se extendiera hasta 2029, para que los militares tuvieran un año de revisión, esta propuesta fue rechazada a través de la aprobación a una reserva en contra que presentó el morenista Reginaldo Sandoval en la discusión en el pleno.

Te puede interesar: Propone PRI extender estancia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029

Otra de las modificaciones que se hicieron fue cambiar el nombre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) y que este pase a ser Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con el propósito de que rinda un informe cada periodo ordinario del Congreso sobre cómo va la capacitación de los cuerpos civiles de seguridad y poder conocer si se va avanzando en el reforzamiento policial.

Durante la discusión una de las primeros en subir al pleno fue la diputada promovente del dictamen, la priista Yolanda de la Torre, quien se dirigió hacia los mexicanos asegurando que no le estaban haciendo el trabajo político a Morena, sino que se trataba de un asunto de seguridad, no político.

“Vengo a hablarle a la gente, a todas las víctimas de la desbordada violencia. A decirles que el PRI no les dará la espalda; a decirles que los priístas rechazamos la militarización del país, pero también estoy para decirles que jamás apoyaremos una decisión o medida que ponga en riesgo a los mexicanos”.

Cuando les tocó el turno a los aliados morenista, el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que el dictamen en discusión “no fue un acuerdo majadero con el PRI, sino es algo al servicio del pueblo”.

Te puede interesar: No pueden ganar elecciones PAN y PRD por su cuenta; “nosotros sí”, asegura Alito

En su oportunidad, los coordinadores parlamentarios de PAN y PRD, Jorge Romero y Luis Espinoza Cházaro, respectivamente, hicieron un último llamado a sus hasta hace poco “aliados” del PRI para que rechazaran la iniciativa por considerar que se trataba de un plan de “militarización”, en tanto que Morena y sus aliados aplaudían el cambio de los tricolor al abandonar la moratoria y ver por los intereses del pueblo.

Una vez concluida la sesión las dirigencias de ambos partidos emitieron un comunicado en el que acusaron que “a dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, subrayó que su partido está a favor del Ejército Mexicano y “no con el narco”.

Con el aval a la modificación al artículo quinto transitorio del decreto por el cual se creó la Guardia Nacional, se dará origen a una comisión bicameral para que ésta dé seguimiento en la materia; se adiciona el párrafo primero al citado artículo en el que se establece que dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; de igual forma, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.