“Eliminación de la prisión preventiva oficiosa puede causar corrupción”: Mejía Berdeja

El subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, se sumó a la defensa del mantenimiento de la prisión preventiva oficiosa argumentando que su eliminación podría causar actos de corrupción. Esto tras confirmarse que Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.

Desde Palacio Nacional, Ricardo Mejía explicó que la prisión preventiva oficiosa es aquella que opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de los sujetos y no está al arbitrio del juez. Sin embargo, recordó que esta es aplicada solamente a delitos como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario señaló que ello es importante porque si la medida cautelar en cada detención está al arbitrio de un juez, eso puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, creando una especie de mercadeo de abogados y jueces. Además, previó que ello también incrementaría la peligrosidad de los criminales frente a quienes les están juzgando y los testigos que intervienen en la parte procesal, pues dichos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal.

Te puede interesar: “Prisión preventiva oficiosa es fundamental en ciertos delitos”: Segob y Consejería Jurídica de Presidencia

“Por eso, reivindicamos lo que ayer dijo el secretario Adán Augusto López y la consejera jurídica [María Estela Ríos González] en defensa de la prisión preventiva oficiosa”, expresó el subsecretario. En tanto, argumentó y precisó nuevamente que esta medida a se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos.

Aunado a esto, ayer María Estela Ríos y Adán Augusto López pidieron a la SCJN solicitaron a las ministras y ministros considerar que este sirve para que las personas imputadas no se sustraigan de la acción de la justicia, pues en muchas ocasiones detenerlas implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.