Pide defensa de víctimas de la Línea 12 congelar cuentas y embargar bienes de imputados

Por considerar insuficientes las medidas cautelares dictadas por el juez de control José Luis Palacios el pasado 19 de julio contra ocho exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos ellos culposos, por el desplome de un tramo de la línea 12 del Metro, la defensa de las víctimas presentó un recurso de apelación en el que solicita que las cuentas de los imputados sean congeladas y que se les embarguen bienes.

El asesor jurídico de 13 de las víctimas del derrumbe ocurrido el 3 de mayo de 2021 que causó la muerte de 26 personas y más de 100 heridos, Teófilo Benítez Granados, consideró que las medidas impuestas a los inculpados entre los que se encuentra el exdirector del ‘Proyecto Metro’, Enrique Horcasitas, y siete exservidores públicos más, son insuficientes pues no evitan que se sustraigan de la acción de la justicia.

En ese sentido, en la impugnación presentada ante la Unidad de Gestión Judicial número cinco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pidió agregar a las medidas cautelares el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, además de la colocación de un brazalete de localización electrónica y el resguardo en su propio domicilio, es decir, que tenga prisión domiciliaria.

La petición de congelamiento de las cuentas, dijo, se hizo bajo un instrumento precautorio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Todo ello, explicó, es con la finalidad de garantizar la reparación del daño de las víctimas para que en caso de que los acusados se “sustraigan de la justicia” existan fondos para cubrir una eventual indemnización a los demandantes.

“La Ley General de Víctimas establece que los agraviados tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, afirmó Benítez Granados.

El defensor de 13 de las víctimas enfatizó que agregar medidas cautelares como el congelamiento de cuentas y colocación de un brazalete de geolocalización obedece a que “hasta este momento no se ha podido verificar el domicilio de algunos de los imputados, ya que la policía de investigación no ha podido accesar y verificar que realmente vivan ahí, ya que son calles privadas donde no se les permite el acceso”, denunció.

Además, acusó que de acuerdo con el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control, “no tuvieron una correcta ponderación de los derechos fundamentales de las víctimas”.