“México vive una impunidad casi absoluta en desaparición forzada”: ONU

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en su último informe que en México existe una impunidad «casi absoluta» en materia de desaparición forzada. Por ello, emitió una serie de recomendaciones a considerar para fortalecer su política de erradicación de este delito.

A través de un informe, el Comité de la ONU señaló que en México solamente entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición forzada de personas fueron judicializados al 26 de noviembre, lo cual da cuenta de la impunidad que existe en este delito. Asimismo, resaltó que hasta entonces solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

La comitiva calificó a este fenómeno de un rasgo estructural y explicó que ello favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas en México. Este contexto, comentó, pone en riesgo a la sociedad en general, pero resaltó de manera particular el peligro al que están expuestas personas que promueven sus derechos y servidores públicos que les buscan e investigan sus casos.

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«La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas», señaló en el documento publicado este martes.

Por ello, el Comité de la ONU instó a México a diseñar e implementar la política nacional de prevención y erradicación de la desaparición forzada. Al respecto, los especialistas comentaron que si bien la prevención debe ser el centro de la política estatal, se deben identificar las causas estructurales que subyacen en las desapariciones forzadas para impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas, tanto presentes como de las del pasado.

Estos precisaron que dicha estrategia debe contar con acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados. Asimismo, mencionó que debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales y órganos autónomos, pero también a sectores de la sociedad incluidas las víctimas de este delito.

Aunado a esto, pidieron al Estado mexicano que la implementación de esta estrategia cuente con voluntad política y compromiso efectivo. Como recomendación sugirieron convocar a organismos y comunidad internacionales para articular mecanismos de cooperación y coordinación de los múltiples proyectos promovidos para afrontar las desapariciones.

Finalmente, como condiciones mínimas para que la aplicación de esta política nacional sea eficaz y efectiva solicitaron abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México; implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en el país, fortaleciendo las instituciones y equipos a cargo de los procesos con procesos de capacitación especial, el fomento de programas universitarios de enseñanza, investigación y divulgación de estos temas o la plena autonomía de las comisiones de Derechos Humanos, entre otras medidas.

Asimismo, se menciona la necesidad de reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de servidores públicos. Sobre ello, mencionó que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos, ya que si bien la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, esta mantiene diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.