¿Qué ministros votaron a favor y en contra de validar la reforma a la industria eléctrica?

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en febrero de 2021 tras una iniciativa preferencial dictada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque en realidad esta no tuvo el apoyo mayoritario de las ministras y ministros.

En total, fueron siete los votos que obtuvo la posición de invalidar la reforma eléctrica, los cuales fueron mayoritariamente emanados por los ministros propuestos por Felipe Calderón: Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. Respectivamente, estos argumentaron que la reforma aprobada en febrero de año pasado violaba la constitución impediría a los ciudadanos acceder a energía más barata; relegar el suministro de energías limpias a segundo grado vulnera el objetivo constitucional relativo a la sustentabilidad que como finalidad estableció la reforma energética de 2013; y que la reforma energética aludida tenía como ejes rectores la competencia, la libre concurrencia y la sustentabilidad, por lo que no da preferencia a una empresa por sus objetivos públicos sino que busca crear un escenario de mejor oferta en cuanto a eficiencia y precios la que rija la prioridad del despacho.

Asimismo, esta posición la adoptaron Norma Piña y Javier Laynez Potisek, quienes fueron electos por el Senado tras el envío de ternas por parte del expresidente Enrique Peña Nieto. Estos mencionaron que las modificaciones introducidas configuran un sistema normativo que inhibe los esfuerzos de reducir la dependencia de combustibles fósiles y constituye una medida regresiva para la transición a un modelo de desarrollo bajo en carbono o sustentable como lo indica la Constitución y que a la Corte no le tocaba juzgar las políticas sino solo si caben en el marco constitucional.

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A ellos se les sumaron Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Farjat, ambos propuestos por AMLO. En el caso del primero, aludió que hay interferencia de la libre competencia por obligar a las energías limpias a estar en segundo término por ley; en tanto, la ex jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comentó que no compartía el parámetro de análisis propuesto en el proyecto, puesto que para ella debía haber partido del texto constitucional vigente incluyendo la reforma de 2013, y agregó que su papel no es cuestionar la Constitución porque ello desdibuja el papel que tienen como intérpretes, de modo que lo que la Carta Magna determina una limitación para ellos.

Por el contrario, fueron cuatro los votos que validaron las normas señalando que estas son constitucionales. En primer lugar estuvieron la autora del proyecto, la ministra Loretta Ortiz, y ja ministra Yasmín Esquivel, ambas electas por el Senado de ternas enviadas por López Obrador. Al respecto, Esquivel Mossa apoyó la lectura de su compañera y contradijo a la ministra Norma Piña al decir que CFE sí tiene centrales que producen energía limpia para inyecten electricidad a las redes, tales como las hidroeléctricas, las termoeléctricas, la geotermia, la nuclear en Laguna Verde, el parque eólico de La Ventosa de Oaxaca y el proyecto en curso del parque solar de Sonora. «Que la CFE vaya al final del despacho es un trato discriminatorio y por ello violatorio a la Constitución», advirtió.

A ellos se le sumaron dos ministros electos durante el sexenio de Felipe Calderón. En primer lugar, el ministro Alfredo Gutiérrez Mena declaró que la reforma no impide la participación de particulares en la generación de energía eléctrica, que no se blinda CFE de competidores particulares y que tampoco se están excluyendo las energías limpias; en tanto, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, argumentó que garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional resulta de importancia porque contar con acceso confiable y continuo a la energía eléctrica no solo es un fin constitucional válido sino «imperioso» para garantizar derechos fundamentales.