El fiscal general del distrito este de Nueva York pidió al juez Brian Cogan que en la sentencia que dictará mañana, le imponga una pena de 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, La Reina, excomandante de la Policía Federal y cercano colaborador de Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por el delito de distribución internacional de cocaína, del que se declaró culpable.

“De manera respetuosa, el gobierno (de Estados Unidos) recomienda una sentencia de 10 años de prisión y no más, que sería tiempo suficiente en base a los hechos de este caso”, escribió el fiscal Ryan Harris, en su recomendación al juez federal de la Corte en Brooklyn

En el proceso penal que se le siguió de primera instancia en una corte de Chicago, previo a la sentencia de tres años que se le dictó, los fiscales del estado también sugirieron al juez aplicar 10 años de cárcel, sin embargo, la petición fue desatendida.

Ahora, la defensa del expolicía mexicano expuso que una sentencia mínima obligatoria de cinco años será suficiente, porque si la pena es mayor se tendría una disparidad con las sentencias aplicadas ya a otros funcionarios corruptos que han sido juzgados.

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El defensor de La Reina, cercano a García luna, pidió que el tribunal considere los 40 meses que el acusado estuvo preso por el dictamen de Illinois insistiendo que dicha condena “es parte del presente delito y el Sr. Reyes ha estado encarcelado desde que se entregó en Chicago el 27 de marzo de 2017”.

Entre 2008 a 2016, Iván Reyes Arzate era jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía Federal, por lo que fungía como el enlace directo entre el gobierno mexicano de entonces y agencias federales estadunidenses, en especial de la DEA. Pero al tener datos de que La Reina pertenecía a una red internacional de narcotráfico en la que estaría involucrado el Cártel de los Beltrán Leyva, la agencia estadounidense inició una investigación en su contra a la que denominara “El seguimiento 39”, de la cual se enteró el funcionario por lo que se entrevistó personalmente con los Beltrán Leyva para pasarles toda la información a su alcance lo que presuntamente le redituó en el pago de 290 mil dólares.

Tras haber sido sentenciado a 40 meses en Chicago, su salida estaba programada para enero de 2021, motivo por el cual se pidió su extradición al estado de Illinois en 2018, lugar donde se le abrió un nuevo juicio para impedir su deportación a México y seguir su condena por participar en la conspiración para importar 450 kilos de cocaína a Estados Unidos.

De aceptar el juez la sugerencia del fiscal federal, el funcionario de Felipe Calderón pasaría seis años y medio tras las rejas, ello porque se le descontarían los 40 meses que ya ha pasado recluido desde que se entregó en 2017.