La consejera de la Judicatura de la Federación Loretta Ortiz aseguró que de ser electa ministra abogará por usar criterios más garantistas y protectores de los Derechos Humanos (DDHH). Asimismo, prometió ayudar a consolidar la Reforma Judicial.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, Loretta Ortiz sostuvo que la adecuada impartición de justicia no pasa solo por considerar la incoporación expresa de Derechos Humanos de fuente internacional al orden legal. Explicó que para lograr ese objetivo se requiere también de interpretaciones sostenidas que busquen ampliar los DDHH y sus mecanismos de protección.

«La SCJN ha dado muestra del compromiso para desarrollar una doctrina jurisprudencial que abogue por mayor eficacia y exigibilidad de los DDHH», argumentó. Sin embargo, opinó que la construcción de un sistema constitucional de interpretación de estos derechos no es algo ya terminado.

Por eso, Loretta Ortiz declaró ante los senadores que de ser investida como ministra uno de sus principales compromisos será abogar por criterios más garantistas y protectores de los DDHH. Esto por estar convencida del impacto que tienen los sistemas de justicia en la realidad cotidiana de las personas y la posibilidad que entrañan sus decisiones para modificar las condiciones estructurales de desigualdad.

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Como segundo objetivo dijo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) requiere de cambios profundos para consolidar su legitimidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía. Por eso, prometió buscar consolidar los cambios de fondo al PJF para asegurar un sistema de justicia eficaz, eficiente y cercano a las persona.

«Tendré como prioridad redoblar los esfuerzos de combate a la corrupción, al tráfico de influencias y al nepotismo como factor determinante para recuperar la confianza de la sociedad en las jueces y jueces constitucionales», agregó.

Finalmente, sostuvo que impulsará el uso de un lenguaje claro y sencillo pero comprensible en las resoluciones para evitar una
posible ambigüedad y facilitar el control social y ciudadano de la actividad jurisdiccional.