Rendición de cuentas y transparencia del destino de los recursos que se han generado por la extinción de dominio, demanda el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El legislador reconoció que la figura de extinción de dominio es un mecanismo que es útil en el combate a las finanzas de la delincuencia organizada, pero asegura que también ha generado inquietudes en torno al debido proceso.

En una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Extinción de dominio, Castañeda explica que actualmente la legislación permite la venta anticipada de bienes, incluso sin contar con una sentencia previa, por lo que se viola el principio de seguridad jurídica y la presunción de inocencia.

Lo anterior, abunda, “faculta de manera discrecional al Gabinete Social de la Presidencia de la República para el uso y destino del producto de estos bienes sin algún criterio específico”.

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Por lo que propuso fortalecer y perfeccionar la ley “acorde a la estrategia del combate al crimen organizado” a través de la incorporación de criterios de transparencia, rendición de cuentas, seguridad jurídica, de seguimiento y contabilización de ingresos generados por las propiedades incautadas, así como el destino que tienen los recursos que se obtienen por las ventas.

Pues dijo que de no hacerlo se seguirá con “una práctica opaca y con poca rendición de cuentas, si se considera que no hay un seguimiento claro y transparente del destino final de los recursos derivados de la extinción de dominio”.

Castañeda, además, planteó excluir de la ley al gabinete social de la Presidencia como la encargada de definir el destino de los bienes y de asignar las claves y características de los bienes incautados y sujetos a extinción de dominio.

El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano recordó que a lo largo de los 13 años de existencia de la Ley de Extinción de Dominio se han realizado diversas reformas con la finalidad de que sea más efectiva, entre ellos destaca la ampliación del catálogo de delitos que contempla, adecuaciones al procedimiento para su aplicación y medios de impugnación, entre otros.