La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que José Eduardo Ravelo, joven muerto en Mérida, Yucatán, después de haber sido detenido por la policía municipal el pasado 21 de julio, “no sufrió tortura ni abuso sexual” por parte de los elementos que lo aprehendieron.

“José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”, informó la FGR a través de un comunicado.

En el documento, la dependencia explica que tras la denuncia interpuesta por la madre de José Eduardo se inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura por parte de elementos de la policía municipal de Mérida.

Por ello, se analizaron videos de la totalidad de los hechos, desde el momento de la detención hasta su llegada a la cárcel, aproximadamente 11 minutos, y de toda su estancia en la prisión, sin encontrarse violaciones a los derechos humanos ni indicios de haber sufrido algún delito.

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Agrega que, para llevar a cabo la investigación, además de revisar los testimoniales, los estudios periciales, informes y hacerse inspecciones ministeriales, se exhumó el cadáver del joven para realizarle una necropsia, acción que fue determinante para la conclusión.

“Se concluyó que las lesiones causadas (por los policías) a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida”, subraya el comunicado.

Lo que sí hubo, apunta la Fiscalía, “es falsedad en dictámenes ministeriales; por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”.

Por otra parte, tras darse a conocer la determinación de la FGR, el abogado de tres de los cuatro policías acusados de la muerte de José Eduardo adelantó que preparan una demanda por daño moral contra la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Gobierno de Yucatán para que reparen el daño causado a los elementos.