Defiende AMLO a Delfina Gómez de acusaciones de presunto «diezmo» cobrado en Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, de las acusaciones sobre la retención de un diezmo a sus trabajadores cuando era alcaldesa de Texcoco, Estado de México (Edomex). Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyera que sí existió esta práctica entre 2013 y 2015 e impusiera una multa a Morena por beneficiarse de ello.

Luego que de que la titular de la SEP volviera a ser señalada de haber aprovechado los recursos obtenidos irregularmente para sus campañas den 2015 y 2017, AMLO optó por defenderla diciendo que ella no es una «potentada», sino una mujer honesta. Sostuvo que estas características le permitieron a la hoy secretaria ser electa diputada federal y senadora mexiquense tras gobernar Texcoco.

Por eso, el mandatario mexicano declaró que seguramente las imputaciones del INE sobre Delfina Gómez, retomando una denuncia de 2017, se dan debido a que ya la ven como potencial candidata a gobernadora del Edomex. «Siempre digo, no hay texto sin contexto», agregó.

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Fue el pasado viernes 3 de septiembre cuando el INE sancionó a Morena por beneficiarse de recursos que surgieron de un financiamiento paralelo implementado durante el gobierno de Delfina Gómez Álvarez en Texcoco. En su investigación, el «árbitro electoral» consideró que tenía pruebas suficientes para considerar que hubo un mecanismo para retener una parte del salario a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco entre 2013 y 2015. En total, la retención del «diezmo» habría dejado dividendos por 13 millones 890 mil 47 pesos y la principal retenedora fue identificada como María Victoria Anaya Campos.

De acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del INE, al investigar a proveedores de productos y servicios para las candidaturas de Gómez Álvarez, a diputada federal en 2015 y gobernadora en 2017, Anaya Campos fungió como la emisora de los cheques con los que se pagaron.

Ante ello, se dio parte a las autoridades judiciales y hacendarias a fin de que investiguen la posible comisión de delitos electorales a partir de su análisis.