Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez; Fundación M.S. Jenkins ve persecución política

El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, es objeto de una orden de aprehensión. Ante ello, la Fundación Mary Street Jenkins ha salido en su defensa acusando que esto tiene un trasfondo político y tiene su origen desde el gobierno de Miguel Barbosa.

La noche del miércoles se dio a conocer que un juez de Control del estado de Puebla emitió la orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, por la supuesta comisión del delito de fraude. De acuerdo al medio e-Consulta de Puebla, Derbez habría sido partícipe de la recepción de pagos millonarios de las cuentas de la UDLAP mediante varias empresas, entre ellas UDLAP Jenkins Graduate School.

Con este mecanismo, se habría causado un daño mayor a los 100 millones de pesos al centro educativo ubicado en la ciudad de Cholula.

Además del secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, están acusados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, abogados de la familia Jenkins Landa. Junto a estos, también pesan los mismos cargos en contra de Mónica Ruíz Huerta, vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional y Jesús Salvado Mijangos Patiño, director de asuntos jurídicos.

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Al respecto, no se ha pronunciado Luis Ernesto Derbez, pero la Fundación Mary Street Jenkins emitió un comunicado acusando que la orden de aprehensión se trata de una persecución política gestada desde el gobierno de Puebla. En su posicionamiento, mencionan que esta está estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, aprovechando el cargo que ocupa, para desviar la atención a la evasión del cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP que les pertenece.

«Esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP; y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX», argumentó en su texto.

Finalmente, la Fundación M.S. Jenkins anunció que presentará una queja formal contra esos jueces ante el Consejo de la Judicatura de Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.