INAI obliga a Segob revelar peticiones de apoyo a Armada

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar una versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal militar, entre diciembre de 2006 y agosto 2017, los cuales fueron emitidos por múltiples estados de la república.

La comisionada presidente del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, a través de un comunicado, explicó que para «garantizar el derecho de acceso a la información y proteger los datos susceptibles de ser clasificados por seguridad nacional, se verificaron los documentos solicitados y el estudio conducente se apegó a lo previsto en el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia».

Al presentar el asunto ante el Pleno, Kurczyn Villalobos detalló que el análisis de la información reservada tiene que realizarse caso por caso y con la aplicación de la prueba de daño.

El caso llegó al INAI tras la solicitud de un ciudadano, quien requirió los documentos donde los gobernadores de algunos Estados pidieron a la Segob la intervención de la Armada Mexicana en su entidad con el objetivo de apoyar a las autoridades encargadas de la seguridad pública.

El sujeto obligado, Segob, respondió que la difusión de la información requerida puede vulnerar tanto la seguridad nacional como la seguridad pública, por lo que los documentos son clasificados como reservados.

Sin embargo, Segob no determinó previamente la clasificación de la información, por lo que Kurczyn Villalobos refirió que la prueba de daño resultó insuficiente para la clasificación total de los documentos.

En otras palabras, la dependencia federal clasificó los documentos de manera íntegra, sin revisar el contenido de la información la cual pudiera entregarse al particular; tampoco la Secretaría especificó la prueba de daño con base en las diversas hipótesis que considera cada fracción de los Lineamientos Generales.

Al estudiar el caso, la comisionada del INAI determinó que la acción del sujeto obligado es improcedente; «ya que en las solicitudes realizadas por los gobernadores no sólo obra información sensible a la seguridad nacional y pública, sino que también constan datos de carácter genérico que no son susceptibles de protección, como referencias de periodos de vigencia de convenios de colaboración; requerimientos de reuniones, así como nombres de instrumentos legales previamente suscritos, que no dan cuenta de métodos o acciones de coordinación específicas en materia de seguridad».

Ergo, el Pleno del Instituto resolvió modificar la respuesta de la Segob y le instruyó entregar al particular la versión pública de los oficios de petición de apoyo de personal militar, expedidos por cuatro entidades federativas y dirigidos a la dependencia, entre diciembre de 2006 y agosto 2017.

• Las letras chiquitas de la orden 

El Instituto señaló que sólo el sujeto obligado debe otorgar al particular únicamente los datos que impacten en temas de seguridad pública y nacional, como lo son:

1. municipios involucrados;
2. motivos específicos de ayuda expuestos por gobiernos locales y/o municipales;
3. descripción del tipo de personal requerido, características de sus funciones, cantidad de elementos requeridos por municipio, localidades o áreas, así como denominaciones de diversas corporaciones en materia de seguridad, que se verían fortalecidas con el apoyo requerido;
4. y cualquier referencia a planes y tipos de operaciones, así como aspectos técnicos y operativos específicos que cada acción o estrategia requiera.

El resto de la información queda excluida.