Celebra ONU Ley sobre desaparición forzada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio visto bueno a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas en México, la cual «podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia», informó mediante un comunicado.

El texto menciona que la implementación de esta reforma podría «iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas», según el análisis de expertos de la ONU en derechos humanos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtió ayer que para que la ley funcione habrá que destinar»recursos y esfuerzos» para las necesidades de las víctimas.

“Es especialmente trascendental que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”, urgió la ONU.

El organismo reconoció la apertura de las autoridades mexicanas respecto a garantizar la participación de las familias de las personas desaparecidas en el proceso legislativo para la creación de la ley.

“Es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, sostuvo.

Los expertos de la organización expresaron sus deseos para la creación de Fiscalías Especializadas para la atención de las víctimas, así como el desarrollo de «estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente».

La ONU explicó que los gobiernos locales son fundamentales para la aplicación futura de la ley:

“Ello sin dejar de destacar el rol de liderazgo y coordinación que deben asumir las autoridades federales en cumplimiento de las obligaciones internacionales que derivan de las normas para la protección de los derechos humanos”.

El Grupo de Trabajo a cargo de la institución reconoció que el gobierno mexicano atendió una petición hecha en 2011 para el tratamiento de las víctimas en todo el territorio.