Laura Rojas promueve controversia constitucional contra acuerdo de fuerzas armadas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)en contra el acuerdo presidencial que faculta a las fuerzas armadas para continuar como apoyo a la seguridad pública hasta 2024.

A través de un comunicado, la diputada Laura Rojas detalló que la creación de la Guardia Nacional, como un cuerpo policial de carácter civil, tuvo como objetivo contribuir a la preservación del orden público, estableciendo un mandato para fortalecer las policías locales y que el presidente dispondrá de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

No obstante, esta señaló que el acuerdo publicado el 11 de mayo para permitir el despliegue de fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024 contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe «coordinarse» con los titulares de la Sedena y la Semar.

Además, Laura Rojas argumentó que el principio de fiscalización es claro en exigir que el control de las fuerzas armadas debe ser llevada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, en tanto que el acuerdo deja dicha responsabilidad a los órganos internos de control de las mismas.

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Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados menciona que ella no busca cuestionar la facultad de AMLO para disponer de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública con esta controversia, sino asegurar que se cumpla con los criterios que establece la Constitución y asegurar que las acciones estén ancladas a la legalidad.

De manera pública, además del grupo parlamentario del PAN, la bancada de los diputados federales del PRI ha respaldado la decisión de Rojas Hernández, declarando que confían en que la SCJN permita dar cauce a la misma sobre la posible violación a la Constitución por invasión de competencias del Legislativo y la militarización de facto de la seguridad pública