Batres propondrá que extorsión sea considerada delito grave

Este martes, durante conferencia de prensa, el senador Martí Batres, anunció que propondrá que la extorsión, en cualquiera de sus modalidades, se integre al listado del Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, lo anterior por ser una de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad del país.​

El integrante de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado detalló que presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución.​

Batres señaló que las extorsiones así como el cobro de piso no se denuncian ante el ministerio público por temor a represalias; en el caso de las llamadas telefónicas, la ciudadanía no le da la importancia para presentar el incidente ante los ministerios públicos.​

El senador basa su iniciativa en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se detalla que la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias con más capetas de investigación a nivel Federal con un total de 5 mil 649 iniciadas desde que se tiene cifras oficiales. ​

Organizaciones de la Sociedad Civil estiman que la extorsión es el segundo delito más cometido en México, del mismo modo acusan que en 2019 esta actividad delictiva aumentó un 23 por ciento en 2019.

Martí Batres denunció que en la Cámara de Senadores no están exentos de este delito pues, el pasado mes de diciembre, trabajadores y secretarias de las y los senadores recibieron llamadas de extorsión.​

En la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, de 33.6 millones de delitos cometidos durante 2017, 6.6 millones fueron por extorsión (7 mil 719 por cada 100 mil habitantes).​

Agregó que después de sostener reuniones con ciudadanos, empresarios, alcaldes y con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tomó la decisión de impulsar dicha reforma.

Por último, abordó el tema de las llamadas de extorsión provenientes de los centros penitenciarios, dijo que estos cuentan con herramientas jurídicas y tecnológicas para inhibir la operación de bandas al interior de las cárceles, pero recalcó que es necesario revisar las medidas que se han tomado hasta ahora por parte de las autoridades penitenciarias, finalizó.

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