TEPJF rechaza frenar al Frente por México, pero les impone medidas y a Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó suspender la convocatoria emitida por el Frente Amplio por México, integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en el que elegirán a su “responsable”, pero ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para regular este proceso.

Por mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala, ordenaron además al INE que fiscalice las actividades que realizan los aspirantes presidenciales de todas las fuerzas políticas, incluidos los de la Cuarta Transformación, integrada por los partidos Morena, PT y PVEM.

Ante esta resolución, el INE tendrá cinco días para emitir los lineamientos a los partidos entre los que se contempla vigilar el origen y uso de los recursos empleados en los procesos y las actividades derivadas de las convocatorias; además de que contemple la definición de la propaganda que está permitida de acuerdo con el proceso que se vive; asimismo deberán valorar el retiro o permanencia de los anuncios espectaculares, en transporte público, pintas en bardas y algún otro que exista.

Por otra parte, el INE, en su Comisión de Quejas y Denuncias, pero en especial el Consejo General deberán definir el periodo que estará sujeto a revisión, dependiendo de cuándo se dio el inicio al proceso en cada bloque. Además de que los partidos deberán presentar informes de los ingresos y gastos.

Y, como no está permitido el uso de recursos públicos, los servidores públicos no podrán intervenir para posicionar a algunas de las personas o partidos que participan en los procesos internos, ello con el propósito de garantizar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

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En general la mayoría de los magistrados propusieron que la fiscalización debe seguir las mismas reglas y prohibiciones que las que se utilizan para la etapa de precampaña, de modo que se contabilizarán todas las actividades y propaganda que beneficien o posicionen a las personas participantes.

Asimismo, previeron que los gastos contabilizados en esta etapa deberán ser sumados para los efectos de tope de campaña si estas personas que ahora participan son registradas como precandidatos cuando inicie formalmente el periodo de precampaña, en la tercera semana de noviembre de este año.

La propuesta original de la magistrada Janine Otálora proponía suspender la convocatoria del Frente Amplio por México, argumentado que al igual que el procedimiento de la Cuarta Transformación, era violatorio a la ley porque claramente estaban eligiendo aun precandidato.

“El proceso de selección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México supone la exposición de las y los aspirantes ante militantes y simpatizantes de estos partidos políticos y ante la ciudadanía, a quienes incluso se les solicitará un apoyo expreso, además de que las personas aspirantes deberán plantear su visión sobre México”, expuso.

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Durante la discusión del proyecto que obedecía a la queja interpuesta por el Partido del Trabajo en el que la dirigencia alegaba que se trasgredían sus derechos políticos, Otálora agregó que “es dable advertir que dicho proceso tiene la naturaleza de una contienda interna en el ámbito electoral, en la que resultará ganadora la persona con más apoyo social y partidista; quien, con independencia de su denominación, será postulada como candidata en el proceso electoral federal a celebrarse el año entrante”.

Sin embargo, los magistrados Felipe Fuentes Barrera e Indafer Infante, así como el presidente Reyes Rodríguez Mondragón rechazaron suspender el proceso del bloque opositor alegando que no solamente se trataba de ellos, sino que también había otros partidos que estaban llevando a cabo el mismo procedimiento y que este se podría repetir en las entidades federativas por lo que era necesario regularlas, más no suspenderlas.

En ese sentido, Rodríguez Mondragón propuso otra salida ante la realidad que se vive, además porque ellos no pueden desincentivar la participación y autoorganización de la vida interna de los partidos. “yo asumo que voy a proponer una que coincide, desde mi perspectiva, en ser la solución correcta; correcta ante esta realidad, que por primera vez impone al Tribunal Electoral pronunciarse sobre, en este caso lo haremos sobre la construcción del Frente Amplio Progresista y el litigio respecto a la invalidez o validez de su convocatoria para elegir a la persona responsable de esa construcción”.

Pese a que dijo que las actuales convocatorias, en específico la del FAM —esa estaban deliberando— podían vulnerar la contienda electoral del 2024, dijo que no veía la necesidad de urgencia en suspender todos los actos que llevan a cabo, sino más bien por eso llamó al INE a emitir medidas que ayuden a garantizar la equidad.