TEPJF ordena inscribir a Layda Sansores en registro por violencia política de género

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores San Román, cometió violencia política de género en contra de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que ordenó inscribirla en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.

El 6 de julio del año pasado, en la emisión del “Martes del Jaguar”, que transmite la mandataria estatal a través de redes sociales, la morenista advirtió a las legisladoras del tricolor que su presidente nacional, el también diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas ‘Alito’ tenía fotos de ellas desnudas, declaraciones que ellas consideraron como violencia política de género.

Esas declaraciones de Layda Sansores se derivaron de unos archivos que asegura encontró en el Palacio de Gobierno cuando llegó a la gubernatura, que antes había sido ocupado Alito Moreno, entre esos documentos, explicó halló audios, fotos y videos que el mismo priista grababa de sus encuentros y conversaciones con otros políticos.

Derivado de ello, las diputadas federales del PRI interpusieron una controversia con una denuncia contra la morenista pues las diputadas señalaron que las expresiones dichas por Sansores San Román aseguraban que ellas habían enviado fotografías íntimas al presidente del partido a cambio de favores políticos o de candidaturas.

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Asimismo, las legisladoras presentaron denuncias en contra Morena, su dirigente en Campeche y los titulares de Comunicación Social y del Sistema de Televisión y Radio del estado, así como de diversos medios de comunicación, influencers, analistas políticos y comunicadores, por la difusión del episodio y la publicación de contenidos relacionados en redes sociales.

Recordemos que semanas después de haberse transmitido el episodio del “Martes del Jaguar”, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI sí fueron afectados con los comentarios de la gobernadora, por lo que ordenó la adopción de medidas para proteger y reparar dichas afectaciones.

Sin embargo, tras la imposición de sanciones, que también fueron económicas, los denunciados acudieron a la Sala Superior para interponer un recurso de impugnación que ahora fue confirmado. “Las expresiones que fueron denunciadas sí constituyeron violencia política de género y reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas”.