TARDE: Piña propone su propia Reforma Judicial; “demolición del PJ no es la vía para cambiar las cosas”, afirma

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso su propia Reforma Judicial mientras se daba el debate de la iniciativa presidencial en el Senado de la República, que actúa como cámara revisora ante dicho proyecto. Asimismo, declaró que la demolición del Poder Judicial no es la vía para cambiar las cosas.

A través de un video, Norma Piña declaró que ponía sobre la mesa propuestas concretas para una Reforma Judicial que logre construir un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Señaló que esta sugerencia es resultado de un amplio diálogo entre todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia, federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia, subrayando que esta contempla las necesidades reales del país, tanto en la parte administrativa como por parte de quienes buscan justicia.

Asimismo, hizo pública una propuesta más surgida del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señalando que se trata de un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales. Destacó que participó en su creación personal de órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, a fin de aportar su experiencia directa de quienes imparten justicia.

“Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más hago, de frente, un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas: debemos escucharnos entre poderes de la Unión […] La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, pronunció.

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Finalmente, Norma Piña llamó a escuchar también a las víctimas de la violencia, los defensores de derechos humanos, los organismos de justicia internacional; a los estudiantes; y a otros jóvenes que han salido a las calles para manifestarse y reclamar su derecho a un futuro libre, así como a un país en paz. Adicionalmente, dijo que no conocen México quienes creen la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces; en tanto, sostuvo que la resistencia a la actual propuesta en el Congreso de la Unión es un compromiso por las generaciones que vienen y con el país que todos anhelan en el poder que encabeza.

El documento “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” contiene 66 sugerencias para incorporar o ajustar a la Reforma Judicial en materia de ética y legitimidad judicial; fortalecimiento de los poderes judiciales locales; diseño normativo sustantivo y procesal; seguridad pública; investigación criminal; servicios forenses y periciales; defensoría pública; atención a víctimas; y ejecución penal.

Entre las propuestas concretas se pueden leer algunas como estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país; fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender adecuada y efectivamente las demandas de justicia de la ciudadanía; consolidar la justicia laboral; implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial; recuperar y fortalecer el constitucionalismo local; incrementar los recursos económicos de la justicia penal local; derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad; ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones; expedir una Ley General de Defensorías Públicas; modernizar los Centros de Comando y Control; e implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas.

Además, están considerar el abandono del enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención; simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba; el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación; una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural; crear la Ley General de Servicios Forenses; establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional; garantizar la autonomía técnica y de gestión de todas las defensorías públicas del país; incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales; y fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución.