Se cae Caso Wallace: Corte ordena liberar a sentenciada por declarar bajo tortura

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada de haber participado en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005. Con ello, el Caso Wallace caería por completo al demostrarse que las imputaciones hechas en su momento, tanto en contra de ella como de otros procesados, fueron sostenidas con declaraciones emitidas bajo tortura.

La Primera Sala de la SCJN votó a favor del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual considera que el Instituto Federal de la Defensoría tuvo razón al concluir que Juana Hilda hizo sus confesiones de presuntos delitos sin libertad ni voluntariamente. Al respecto, mencionó que sus declaraciones del 6 y 21 de febrero de 2006, cuando estaba bajo arraigo, se hicieron a través de presiones, intimidaciones y amenazas.

El proyecto avalado por cuatro de los cinco ministros que componen la sala, y rechazado por uno, establece que derivado de ello se debe anular la validez de las declaraciones de la imputada. Asimismo, consideró necesario también invalidar otras pruebas derivadas de esta violación de derechos humanos, tales como las obtenidas de los cateos del 14 y 26 de febrero, los cuales se ordenaron a partir de la información que proporcionó bajo tortura.

Posteriormente, se analizaron pruebas extras presentadas por el Ministerio Público, como declaraciones de familiares o amigos sobre actividades de la víctima o de vecinos respecto a ruidos que provenían del departamento al que presuntamente Wallace Miranda fue conducido, las cuales no se consideraban como producto de las violaciones antes descritas. Cabe recordar que según la versión oficial, Juana Hilda González había confesado que el 11 de julio de 2005 engañó a Hugo Alberto para llevaron a su departamento, donde lo esperaban otras cinco personas para secuestrarlo.

Al respecto, la mayoría de la sala coincidió estas pruebas eran insuficientes como para demostrar que la mujer que estuvo presa durante los últimos 19 años y 5 meses, de la condena de 78 años y nueve meses que se le impuso en octubre de 2011, tenía responsabilidad penal por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. A favor del proyecto votó el proponente, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Ana Margarita Ríos Farjat, así como el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En tanto, votó en contra el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El Instituto de la Defensoría Pública Federal declaró que la resolución suma a los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala en materia de debido proceso y juicio justo, reiterando que la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos sin importar la gravedad del delito imputado. Asimismo, advierte que pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional, mismas que mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal.

Por otra parte, el instituto también señaló que esta resolución debe tener efectos inmediatos para los otros implicados en el caso: César Freyre Morales, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle Dobin. Al respecto, subrayó que en todos estos casos la acusación contra ellos se basa en las mismas pruebas que la Corte declaró nulas, de modo que deberán excluirse de forma inmediata.