¿Qué dicta la Ley Constitucional de Derechos Humanos sobre desalojos?

La ‘Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México’ ha creado incertidumbre, controversia y quejas entre propietarios inmobiliarios, jueces, actuarios y ciudadanos ya que consideran que se trata de una ley que otorga el «derecho a invadir».

Esta ley, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de febrero de 2019, señala que entre sus objetivos están los de «Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
en el ámbito de sus competencias y atribuciones».

El artículo 60, polémico tras haber sido difundido en redes sociales por los propietarios de inmuebles que rentan, inicia:

«Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio».

En este primer párrafo se hace énfasis en evitar la discriminación, la contención del uso de la fuerza, la indemnización a la que puedan o no ser acreedores y las posibilidades de llevar a proceso jurídico su situación.

Este artículo indica también que «las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen».

Serán las autoridades junto a los poderes públicos de la Ciudad las que pongan a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos.

Además se informa del diseño, ejecución y regulación de la política basado en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial.

En una columna de opinión, el notario público y ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, definió que la ‘Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México’ como un «adefesio jurídico» que «abre la puerta a la permisividad o la agresión contra el propietario del inmueble.

Luego de estos señalamientos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso Local dijo que propondrá la derogación de este artículo.

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