“Presidencia carece de facultades para eliminar publicación del DOF”, define mayoría del Senado

El Senado de la República determinó que la Presidencia de la República carece de facultades para eliminar una publicación o decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF), como lo pide una jueza veracruzana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto ante la petición de pronunciamiento que hizo Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, lo cual despertó críticas entre la oposición, quienes acusaron a la mayoría legislativa de estar tratando algo que no le corresponde.

El acuerdo aprobado por el Senado, con  81 votos a favor; 36 votos en contra y cero abstenciones, menciona que el decreto de Reforma Judicial fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al Constituyente Permanente, es decir, el Congreso de la Unión. Ante eso, determinó que la presidenta de la República no tiene facultades para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial, ordenada por la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos.

“Actuando en los autos del juicio de amparo 823/2024, máxime que en el artículo 7 Bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, claramente y, sin lugar a dudas, se establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes”, mencionó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Durante la discusión, Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano, expresó que no le corresponde al Senado de la República tratar el tema y que si Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con la resolución de la jueza Nancy Juárez, entonces debe combatirla por las vías legales correspondientes. En tanto, coincidió con el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, en que el gobierno federal quiere hacer al Congreso de la Unión corresponsable del posible desacato.

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano Austria, también secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que la consulta que hace la consejera jurídica de Presidencia de la República no está debidamente fundada. Aseguró que esta no tiene facultades para solicitarle un acuerdo al Senado de la República para eximirla de su responsabilidad de eliminar del DOF la reforma controvertida, de modo que solo es una manera de querer torcer la ley para no cumplir con un mandato de una jueza que sí está haciendo uso de sus facultades legales.

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“Una resolución o se acata o se ataca. Pero no podemos estar nuevamente frente algo que se pretende torcer, que se pretende evadir, con una triquiñuela de este tipo. Se trata de un simple oficio, un oficio que carece de fundamentación y motivación. Es claro que lo que quieren es justificar un incumplimiento Yo quiero decirles que ha habido muchas suspensiones que se dictaron en su momento para que se suspendiera el proceso legislativo y no se acataron, pero hoy dicen ‘Es que ya está hecho, ya está publicado’; sí, pero muchas de estas acciones que se promovieron se hicieron porque hubo vicios en el proceso legislativo”, apuntó.

En tanto, el morenista Félix Salgado Macedonio negó que Claudia Sheinbaum se esté “lavando las manos” con esa consulta, recordando que quien sí lo hizo con el tema de Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por nexos con el narcotráfico, y su jefe, Felipe Calderón Hinojosa, fue Marko Cortés. Enseguida, el legislador guerrerense agradeció que el contenido de la respuesta haya sido puesto a discusión por Gerardo Fernández Noroña y afirmó que la jueza veracruzana es quien no tiene facultades para ordenar eliminar el decreto de Reforma Judicial.

Finalmente, el senador de Morena advirtió que la juzgadora no se mueve sola, sino que detrás de ella están los “intereses de la derecha” que solo está fastidiando al nuevo gobierno. Indicó que el proceder de esta es absurdo, una “torpeza jurídica” que tiene como origen una “ignorancia tremenda y provocadora”.