México solicitará extradición de García Luna y su esposa Linda Pereyra

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, adelantó que solicitarán la extradición del secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, recién sentenciado a 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, y de su esposa Linda Cristina Pereyra.

El funcionario federal explicó que plantean solicitar esta medida para que si por cualquier razón el cercano colaborador de Felipe Calderón quedara en libertad, se active la orden de extradición y sea enviado de regreso a territorio mexicano. Y en el caso de su esposa, quien jueces mexicanos le descongelaron cuentas presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, dijo que la extradición aplicaría de inmediato.

“¿Qué procede? Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición y el Gobierno de Estados Unidos estaría en obligación de enviar a México cuando eventualmente abandone la cárcel”, reveló.

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Pablo Gómez expuso nuevamente la red de corrupción que tejió el exsecretario de Seguridad Pública para enriquecerse y lavar dinero a través de empresas que se beneficiaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, teniendo contratos por r un total 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.

Por ello, dijo que la a Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta de investigación contra García Luna y sus socios, obteniendo 61 órdenes de aprehensión, de ellas 12 cumplimentadas, 36 siguen vigentes, 8 personas detenidas y 8 vinculadas a proceso. En tanto que el gobierno mexicano “está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España; responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg (Grupo operador de García Luna).

Respecto a la demanda civil que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso contra del exsúper policía, su esposa y sus cómplices en el que reclama 600 millones de dólares procedentes del Estado Mexicano a través de las operaciones realizadas por el Grupo Weinberg, Pablo Gómez informó que hasta la fecha se han recuperado 2 millones 406 mil 427 dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio; además de un departamento valuado en 555 mil 800 dólares del cual fue propietario el exfuncionario calderonista; asimismo, dijo , que le han sido aseguradas 15 propiedad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que Genaro García Luna, mano derecha del expresidente Calderón, “ayudó durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios”.

La funcionaria federal recordó, como ya lo había dado a conocer el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el exmando federal participó ocultando al segundo tirador del caso del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Entonces era miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Además de haber participado en el operativo fallido ‘Rápido y Furioso’ que permitió la introducción de armas de fuego de manera ilegal que ocasionaron la muerte de cientos de personas tanto mexicanas como estadounidenses porque esas armas terminaron en manos del crimen organizado.

Asimismo, recordó que también estuvo involucrado en la asignación de construcción de penales federales que terminaron costando una fortuna al gobierno federal a través de contratos leoninos.

Por todo ello, detalló que existen tres órdenes de aprehensión en su contra: la primera por su participación en ‘Rápido y Furioso’; la segunda por el uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa en el caso de la privatización de los penales federales que generó un daño patrimonial inmenso. Y la tercera por los contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Ceferesos, de la que se desprenden 61 órdenes en contra del mismo número de personas por los delitos de delincuencia organizada, peculado, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.