MC pide juicio político contra gobernador interino de Nuevo León por usurpación de funciones

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una demanda de juicio político en contra de Arturo Salinas Garza, ayer nombrado por el Congreso local como gobernador interino de Nuevo Léon, durante los seis meses que se ausentará Samuel García Sepúlveda para buscar la candidatura presidencial de su partido —2 de diciembre 2023-2 de julio 2024—.

El legislador emecista acusó al panista Salinas Garza de usurpación de funciones, atribución ilegal de facultades y por violar varios artículos de la Constitución, todo ello al rendir protesta como mandatario interino, acción que ocurrió la tarde noche de este miércoles.

Tras ofrecer una conferencia de prensa en el recinto legislativo de San Lázaro, Álvarez Máynez acudió, acompañado de la diputada Julieta Mejía Ibáñez, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para presentar la petición de juicio político porque afirma que el panista está impedido por la Constitución para ocupar el cargo de gobernador porque actualmente es el presidente, con licencia, del Poder Judicial del estado.

El diputado naranja recordó que el artículo 132 de la Carta Magna señala que: “ninguna persona servidora pública ni empleada del Poder Judicial podrá ser abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador ni tener cargo o empleo alguno del gobierno o de particulares (…). Los impedimentos de este artículo serán aplicables a todos los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia, excepto a los jueces que se desempeñen como consejeros de la Judicatura exclusivamente para ese efecto”.

Por lo que afirmo que una persona que viola así flagrantemente la Constitución no puede conducir el Poder Judicial de un estado, además, “ha demostrado un interés partidista, ha demostrado un sesgo en sus resoluciones y no podemos permitir este golpismo de buitres que está sucediendo en Nuevo León”.

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En ese sentido, dijo que en Nuevo León no hay un vacío, pues tiene un gobernador legítimo, constitucional y legalmente electo en las urnas por la mayoría de ciudadano, por lo que “el PRI y el PAN no se pueden abrogar el derecho de apropiarse de una gubernatura y mucho menos de ponerla en manos de quien también preside el Poder Judicial”.

Esto luego de que fueran los diputados locales del PAN y el PRI quienes avalaran la designación del presidente del Tribunal de Justicia, quien ha sido legislador del PAN en dos ocasiones, una local y una federal, además de haber sido delegado en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En tanto que rechazaron la petición del gobernador Samuel García de que fuera su secretario de Gobierno quien se encargara del despacho en lo que él competía por la candidatura.

Ante ello, Álvarez Máynez consideró que la maniobra del PRI y PAN se trata de “una de las peores trapacerías jurídicas en la historia de la República, en la historia contemporánea”, pero advirtió que combatirán por todos los medios esta decisión, “y un medio que está a nuestro alcance como diputadas, diputados y ciudadanos mexicanos es el juicio político que hoy estamos presentando en solicitud y que no, tampoco nos vamos a limitar en acudir a otras instancias por otras vías legales y políticas para detener este atropello este golpismo constitucional en el que están incurriendo las diputadas y los diputados del PRI en Nuevo León y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado”.