La Auditoría Superior de la Federación goza de buen prestigio pero da magros resultados: David Colmenares

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) goza de buen prestigio pero da magros resultados, advierte David Colmenares Páramo, aspirante a dirigir el máximo organismo auditor del país, en entrevista con lahoguera.mx.

Lo anterior se debe a que la Auditoría Superior prioriza la revisión para castigar sobre la prevención, asevera el también académico de la Facultad de Economía de la UNAM.

Sobre la selección del nuevo auditor, considera que no necesariamente va a resultar el mejor, sino el que logre el mayor respaldo del Congreso, por lo que a futuro se tendría que revisar el modelo de selección.

Será el pleno de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de los legisladores, el que nombre al nuevo titular de la ASF.

El proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación se podría empantanar si prevaleciera la política de cofradías, señala también Colmenares Páramo.

Sin embargo, el economista refiere que este caso es diferente; que comenzó con la inscripción de cerca de 41 aspirantes y posteriormente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados entrevista a cada uno de los candidatos y el 9 de diciembre presentará una terna de la cual saldrá el nuevo auditor.

El secretario de Finanzas de Oaxaca en el gobierno de Heladio Ramírez descarta que pueda ocurrir lo que sucede con el nombramiento del titular de la Fepade, ya que la Auditoría es una institución fuerte.

Sobre los procesos en marcha y por qué muchas denuncias no prosperan, el aspirante a conducir la ASF advierte que se presentan demandas pero cuando llegan al Tribunal Fiscal 80 o 90 por ciento se pierden porque van mal fundadas.

También atribuye a la corrupción en el Poder Judicial que exista impunidad. En los tribunales los magistrados rechazan que haya consigna contra la Auditoría y arguyen que las demandas están mal fundadas, asevera.

De las cuatro auditorías especiales, la del gasto federalizado concentra 70 por ciento de la carga de trabajo y es la que emite la mayoría de las observaciones, dice. No obstante sólo cuenta con alrededor de 400 auditores que no tienen las mejores condiciones laborales, cuestiona el especialista en supervisión de gasto.

El experto en auditoría explica que del gasto federalizado los rubros más importantes después de educación son salud y seguridad; refiere que hay dos fondos que van directamente a los municipios: el de Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el de Infraestructura Social Municipal.

La Auditoría tiene la exclusividad para auditar esos fondos ni la Secretaría de la Función Pública los toca, dice.

Para mejorar los resultados de la ASF, Colmenares plantea fortalecer su capacidad institucional para que sea más eficiente. Propone efectuar menos auditorías, pero de mayor calidad. Refiere que hay una recurrencia de observaciones, lo cual da indicio de dónde se debe poner énfasis en la revisión.

El ex auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF advierte que de las participaciones federales para los estados el rubro de educación recibe la mitad de esos recursos y es el que más problemas presenta debido a los maestros comisionados.

Colmenares llama la atención sobre la recurrencia durante ocho o 10 años de una observación y no sólo en un mismo estado, sino en casi todas las entidades federativas. El caso de los comisionados (de la SEP, en su mayoría maestros) es patente, lo cual evidencia que algo está mal; que hay una falla en el diseño de la norma, por lo que la Auditoría tiene que darle mayor peso a la autoridad de desempeño y profundizar en la revisión de estos fondos para proponer al municipio, estado y a la Federación adecuaciones sobre el destino de los fondos y eliminar esta recurrencia.

Explica: si hay cuatro o cinco observaciones que representan el 90 por ciento de las auditorías sería conveniente concentrarse en éstas de tal manera que se puedan hacer más auditorías de manera más eficiente y con mejores resultados.

También reconoce que de los 2 mil 446 municipios del país la Auditoría no puede revisar más de 120, por lo cual plantea revisar con cierta regularidad los fondos más importantes. Auditar los municipios más importantes, como son las capitales de los estados y que las auditorías de las entidades revisen los municipios más pequeños.

Señala que cinco estados representan la mitad de la deuda total de las entidades federativas.

Colmenares considera que la Auditoría requiere una renovación. Un nuevo perfil, en el que entren contadores, abogados, actuarios, ingenieros civiles. Si las mayores desviaciones ocurren en obra pública se tiene que contar con especialistas que conozca los detalles técnicos de la obra pública, dice.

Asegura que se debe hacer un esfuerzo para que ya no haya impunidad, pero se tiene que trabajar fundamentalmente en la prevención.

Propone el servicio fiscalizador de carrera, ya que considera que si hay 400 auditores por honorarios entonces no hay servicio de carrera. Gran parte de los auditores no tienen prestaciones sociales. Dice que se trata de un trabajo de reingeniería para integrar un equipo con personas que tengan experiencia en la fiscalización, en el manejo del gasto público, pero que también tenga la mente abierta para tratar de conservar lo que ha hecho bien la Auditoría, que es mucho.

Sobre los contratos de Pemex con Odebrecht, Colmenares asegura que se tiene que trabajar como lo marca la ley y revisar todo. Desde las fallas que se encuentren en el más pequeño municipio hasta secretarías y otros organismos.

Considera que la impunidad es peor que la corrupción, ya que los funcionarios creen que pueden hacer lo que quieran y no van a afrontar consecuencias.

Se dice convencido de que exista la participación ciudadana en la Auditoría, no para que decidan, sino para que estén enterados.

Refiere que uno de los problemas que afrontan los auditores de los estados es que los gobernadores buscan tener un fiscalizador a modo, que estén bajo su control.

Para mejorar la supervisión y que se sancione a los responsables de hacer mal uso de los recursos públicos plantea que exista mayor coordinación con el Inai, con el Tribunal Fiscal y con el Poder Judicial para armar un sistema sancionatorio efectivo. Considera también que las sanciones deben ser acordes con las fallas cometidas.

Define como un reto la coordinación de los organismos anticorrupción, como el Inai, el Tribunal, la Auditoría y el Sistema Nacional Anticorrupción; en este punto descarta que haya conflicto por las atribuciones y señala que cada organismo tiene bien definidas sus tareas.

Por último califica de muy rigurosas las reglas de la transparencia a la que se deben ceñir todos los servidores, lo cual posibilita incluso que los cuidados puedan presentar denuncias.