Jueza dicta prisión preventiva a funcionarios de Silvano Aureoles

Los exfuncionarios detenidos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán fueron puestos en prisión preventiva. Esto luego de que fueran cumplimentadas sus respectivas órdenes de aprehensión, mientras que estaría aún por cumplirse la correspondiente al exgobernador emanado del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que los cuatro excolaboradores del gobierno de Silvano Aureoles se les aplicara la medida de prisión preventiva. Al respecto, indicó que esta medida sería concedida a la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que existe riesgo de evasión de la justicia.

Cabe destacar que el extesorero Carlos Maldonado Mendoza, quien fuera secretario de Administración y Finanzas del exmandatario perredista, fue tenido en Estados Unidos por elementos de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Posteriormente, fue trasladado de regreso a México a través del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue arrestado finalmente por autoridades ministeriales.

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De acuerdo con el diario Milenio, la audiencia de los exservidores públicos inició durante la noche del sábado y se extendió durante alrededor de 18 horas hasta la determinación de la jueza. En tanto, los abogados de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional.

Antonio Bernal Bustamenta, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron trasladados al reclusorio Oriente. En tanto, Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron enviados al penal de Santa Martha Acatitla.

Será el próximo 6 de marzo cuando se lleve a cabo la próxima audiencia para estas personas, misma en donde se determinará si son vinculados a proceso, ante las acusaciones de desvío de recursos públicos.