Diputados de Morena, PT y PVEM aprueban en lo general dictamen de Reforma Judicial en comisiones

Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general el dictamen de Reforma Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esto pese a que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron diversos riesgos en caso de que sea aprobado con su redacción actual.

Durante el debate, el morenista Leonel Godoy Rangel pidió a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no dejarse engañar por quienes tienen sueldos superiores al del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues serán utilizados como “carne de cañón” para la defensa de ese privilegio. Por eso, les aseguró que deben tener conciencia y conocer el dictamen, puesto que desde la 4T jamás se buscaría lesionar sus derechos.

En ese sentido, Hamlet García Almaguer, integrante también del grupo parlamentario de Morena, precisó que el artículo X transitorio establece que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las entidades serán respetados en su totalidad. Explicó, que además se mandata que los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales consideren recursos suficientes para pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones laborales, en términos de leyes o condiciones generales de trabajo, lo cual protegería los bonos trimestrales a los que acceden quienes tienen altas cargas de trabajo.

Asimismo, abogó por la Reforma Judicial diciendo que consolidará la paridad de género al ordenar que las mujeres ocupen la mayoría de espacios en los órganos judiciales, en la mayoría de los casos : 5 de 9 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 3 de 5 en el Tribunal de Disciplina Judicial; 2 de 3 en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y listas de 5 hombres y 5 mujeres para elegir a los integrantes de tribunales colegiados y juzgados de distritos.

Mientras tanto, sostuvo que el Tribunal de Disciplina Judicial cuenta con un modelo que atiende las peticiones hechas por una organización que se presentó en el Foro Xalapa. Al respecto, señaló que esta no avalaba que el nuevo órgano tuviera solamente una sola instancia porque eso generaría un estado de indefensión a las personas sujetas a procesos disciplinarios, por lo que se preguntó que si el problema de convencionalidad se resolvía con una segunda y respondió afirmativamente, por lo que ahora se estableció esta en el dictamen final.

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En tanto, el diputado Óscar Cantón Zetina comentó que el pueblo tiene el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno y eso es precisamente lo que votó mayoritariamente el 2 de junio. Señaló que, mediante el sufragio, el pueblo proporcionó al movimiento la herramienta jurídica constitucional para formar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y desmantelar el gobierno de los jueces, mismos que se habían adjudicado poderes supremos.

Por el contrario, Rubén Moreira Valdés comentó que desde el PRI el dictamen de reforma solamente recibiría votos en contra por ocho razones principales: 1) una narrativa del dictamen que no corresponde al resultado que tendrá la reforma; 2) por no ser democrático, justo ni prudente; 3) por el riesgo que significa para el Estado: 4) por ser inoperante; 5) por lesionar el pacto federal; 6) por no representar mejora en la calidad de resoluciones; 7) por el peligro que implica para el régimen de protección de derechos humanos; y 8) porque permite la intromisión de poderes fácticos.

El exgobernador de Coahuila argumentó que cambiar el mecanismo de selección no garantiza justicia pronta ni mejor, puesto que el problema real es que en México hay pocos jueces. Bajo esa lógica, mencionó que los juzgados están saturados por falta de personal, no porque no trabajen; en tanto, apuntó que la reforma no abona a mejorar la defensa de las personas ni contempla que los juzgadores federales actúan acotados por precedentes y no a discrecionalidad amplia como se afirma.

Desde el PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo expuso que la iniciativa atenta contra la independencia del Poder Judicial; al respecto, sostuvo que es posible que esto se deba a que al régimen autoritario le molesta que pueda defender derechos ante el abuso de poder. “La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes”, pronunció.

Por otra parte, previó que sea inoperable la elección de jueces, magistrados y ministros, señalando que lo que finalmente hará es confundir a todos, por haber tantas candidaturas, y que se siga a un “dedo elector”. Asimismo, catalogó el proceso como una “kermés” por contemplar “cartas de referencias de vecino” o “tómbola”, así como por ir contra la carrera judicial.

En tanto, aseguró que el tribunal disciplinario que se propone sería inquisitorio porque investigará y sancionará a juzgadores con discrecionalidad, pudiendo perseguir a quienes manifiesten su independencia. Asimismo, se dijo preocupada por la eliminación de los efectos generales de las sentencias de amparo, asegurando que eso obligará a litigar contra las leyes y sentencias a los más pobres, teniendo que juntar dinero para pagar un despacho que haga ese trabajo.

Más adelante, la diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, argumentó que el centro del problema es que el Poder Judicial es la implementación de todas las reformas hechas al momento y la falta de acompañamiento, así como de presupuesto para su instrumentación. En tanto, previó que el modelo de elección de los juzgadores permitirá que ls gobiernos estatales se entrometan en el Poder Judicial, puesto que los aspirantes no saben de campañas, no tienen estructuras y no saben comunicarse para competir por un cargo.

Finalmente, la diputada perredista Edna Díaz afirmó que el dictamen está plagado de cambios que nadie pidió en el “parlamento abierto”, mismos que enredan y ridiculizan más los procesos democráticos. Junto a ello, opinó que el texto exhibe a los autores del mismo develando su rostro autoritario, el desconocimiento de la materia, la farsa de los foros y el servilismo de los diputados del bloque mayoritario al decir que deben aprobar la reforma como “regalo de despedida” al presidente de la República.

Tras tres rondas de discusión, se votó el proyecto en lo general, por lo que la Reforma Judicial fue avalada por 22 votos a favor y 17 en contra. Enseguida inició la discusión en lo particular para proponer cambios mediante reservas, inscribiéndose diputados como el panista Jorge Triana, que propuso, entre otras cosas, que el más candidato más votado fuera el presidente de la SCJN; asimismo lo hizo Rubén Moreira, pero casi todos los casos esto se rechazó.

Durante el debate en lo particular, la única reserva que se aprobó fue la de la morenista Lidia García Anaya para incluir un órgano administrativo sin rostro dentro de sistemas de determinadas jurisdicciones encargadas del proceso y juicio de delitos como narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Esta fue apoyada mayoritariamente por los integrantes de la coalición oficialista, pero el panista Héctor Saul Téllez señaló que no queda claro cómo se elegirán a esos jueces sin rostro, puesto que sería aberrante que no se resguarde el anonimato sacándolo a elección. Al final, fue aprobado el dictamen con la modificación con una votación a favor de 22 votos, 18 en contra y 0 abstenciones.