Destapa Romero Oropeza red de corrupción que operaba en el Infonavit

El titular del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló una red de corrupción que operaba desde la institución triangulando recursos de los trabajadores y vendiendo la misma casa cientos de veces bajo la colusión de notarios, despachos de valuación, peritos valuadores, controladores, empleados del Infonavit. Todo ello durante el periodo entre 2014 y 2022 en los que estaban como directores generales de la institución los priistas Alejandro Murat Hinojosa (2012-2015) y David Penchyna Grub (2015-2018), y el morenista Carlos Martínez Velázquez (2018-2024).

A ello se suman acusaciones contra los sectores internos que representan a los trabajadores y al sector empresarial, porque de acuerdo con el actual director, estos no permitían que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditara sus operaciones por lo que no se han podido establecer responsables para fincar delitos por la vía administrativa, “al grado de ordenar al anterior director general del Infonavit, Carlos Martínez —en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador—, a ampararse contra sus resolutivos”.

Pese a que la presidenta adelantó que interpondrían denuncias penales, ante la pregunta de La Hoguera de contra quiénes serían las acusaciones y cuándo se presentarían las denuncias, la presidenta rechazó responder y se limitó a decir “eso luego lo vemos”, ante la premura por dar la “sorpresa” a los migrantes del ‘Himno Migrante’.

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Uno de los casos que expuso el funcionario federal fue el de la empresa Telra Realty, que fue contratada en el 2014, cuando el director del instituto era el entonces priista y ahora morenista Alejandro Murat Hinojosa, para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en el que residían para lo cual se le pagó 100 millones de pesos, trabajo que debía concluir en dos años. Sin embargo, la empresa no solo no cumplió con lo prometido, sino que no se penalizó y el Consejo de Administración —que es tripartita: gobierno, sector empresarial y de los trabajadores, que estos dos últimos en conjunto tienen mayoría—, del que enfatizó que “el director general del Infonavit no es miembro”, decidió dar una indemnización de 5 mil millones de pesos.

Esta empresa estaba integrada por cinco socios, detalló, dos de los cuales devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que era ilegal la entrega de ese recurso, pero los otros tres se han negado a devolver los otros 3 mil millones.

El pago de estos 5 mil millones de pesos, atribuido al despacho legal de nombre White & Case, Romero Oropeza informó que fue entregado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit “como justificación para el pago de la indemnización”, mismo documento que obra como prueba en una carpeta de investigación. Dijo que llama la atención que la empresa firma con solo unas iniciales “W&C”.

Sobre este caso, dijo que “la Auditoría Superior de la Federación descubrió a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que en el caso de TELRA existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el Instituto y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del Director General en 2018 (el priista David Penchyna Grub)”.

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Ante la intervención de la ASF en este caso dijo que “por alguna razón” los Sectores Empresarial y de Trabajadores que integran el Consejo de Administración del instituto “instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra de Sector Gobierno y la oposición de la Dirección General (Carlos Martínez, durante el gobierno del presidente López Obrador)”.

Y no solo eso, dijo que hasta la fecha siguen impidiendo la atención a las recomendaciones de la Auditoría con el argumento de que esta no tiene competencia para auditar los recursos, porque ellos les llaman “recursos privados” que pertenecen a los trabajadores.

Sobre ello, sostuvo que la reforma que se avaló en el Senado la semana pasada incluye que la Auditoría sí pueda fiscalizar el Fondo de vivienda, así como que el director general del instituto sea parte del Consejo de Administración como representante del gobierno.

Otro de los esquemas de corrupción dio a conocer que lo hacían a través de un programa del Infonavit que se llama Línea III que consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes, pero estos proyectos únicamente pueden ser propuestos por las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y la Empresarial, y así presentados al Consejo de Administración para su autorización. Todo ello sin haber un estudio técnico, financiero ni de ninguna índole “simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del Consejo y se aprueba”. Entre 2017 y 2018 se autorizaron 22 proyectos, mismos que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos.

“Lo relevante en el caso de estas cuatro empresas es que, a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente, en estas cuatro: 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les empezó… se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”, destacó.

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El tercero de los casos de corrupción que reveló Romero Oropeza se trata de la venta de una sola casa de infonavit en múltiples ocasiones, todo ello por la colusión de trabajadores del Infonavit, peritos valuadores, despachos de valuación, controladores y notarios, esto entre 2014 y 2022, e incluso señaló que “el 80% de las originaciones se concentran entre 2014 y 2022”

En el caso del Estado de México detalló que con 496 inmuebles se realizaron 4 mil 130 ventas; en Jalisco, 239 viviendas con 2 mil 37 operaciones, Baja California con 205 casas hicieron mil 696 transacciones, en tanto que en Sonora 67 viviendas las vendieron 560 veces, en Nuevo León 137 inmuebles con mil 60 operaciones, y la misma estrategia se dio en Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro. Pero aún les faltan por revisar 11 entidades.

Pese a que no ofreció nombres, el funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum explicó la cantidad de involucrados por estado y por área, es decir, cuántos notarios, cuantos despachos, peritos, controladores y empleados del instituto de vivienda.

Otro de los actos de corrupción masiva, detalló, es uno que en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que tiene que ver con el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a 4 despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial, práctica que, dijo, en administración del expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum ya no se llevan a cabo. “Entre el 2013 y 2015, estos despachos en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y Notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes”, sostuvo.

Asimismo, dijo que en este último caso hubo familias despojadas de sus viviendas y no han podido recuperar sus viviendas, pese a no enfrentar un juicio justo, pues nunca fueron notificados. Todo ello sin que la comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. Además, reveló la existencia del caso de que funcionarios del Infonavit contrataron un seguiro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes de los créditos, pero por ley el instituto ya cubre un seguro. Ello en 2013 y 2014, también durante la gestión de Murat Hinojosa. La empresa Mapfre Tepeyac, S.A. fue la beneficiada con el contrato