Consejería Jurídica de Presidencia impugna resolución de la SCJN que frena distribución de libros de texto en Chihuahua

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, contra la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua. Esto al considerar que dicha determinación implica una serie de violaciones constitucionales y un daño a la educación de los estudiantes de la entidad.

A través de un comunicado, la CJEF anunció que impugnó la resolución del ministro Luis María Aguilar que frena, por tiempo indefinido, el reparto de los nuevos libros de texto gratuito entre los estudiantes de educación básica de Chihuahua. Al respecto, argumentó que esto viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución.

La consejería encabezada por María Estela Ríos González enfatizó que el tercer artículo constitucional expresa que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Asimismo, subrayó que el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua dispone que es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione.

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El órgano de la Presidencia de la República expuso que ante tales leyes la controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito, promovida por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, debió ser negada. Adicionalmente, comentó que Aguilar Morales debió haber considerado también que el gobierno estatal confesó que ya tiene los libros de texto en sus manos y por tanto debía distribuirlos.

La CJEF calificó como lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia en México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores. En tanto, advirtió que los estudiantes chihuahuenses podrían tardar entre uno y dos años para tener acceso a los materiales educativos en lo que la Corte dicta sentencia, lo cual provocará un retraso en su aprendizaje que no se puede reparar.

Finalmente, solicitó a las ministras y ministros asumir su responsabilidad y ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad fronteriza. En tanto, comentó que es también responsabilidad de los padres, madres y tutores de los estudiantes defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos ante autoridades competentes.