CIDH expone los “pendientes” en el caso Ayotzinapa

“La mal llamada verdad histórica está descartada”. Estas fueron las palabras de la comisionada presidenta Esmeralda Arosamena, quien hoy en el Museo Memoria y Tolerancia, en el marco de la presentación del nuevo mecanismo de acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, mencionó varios de los pendientes que tiene el Estado mexicano en la investigación y ejecución de órdenes de aprehensión.

La comisionada presidenta de la CIDH señaló que al momento, más que respuestas, el informe que ellos arrojan como institución hace visible la existencia de “grandes pendientes” en materia de investigación, debiendo el Estado mexicano realizar algunas diligencias claves para avanzar con éxito en la gama de líneas de investigación abiertas hasta el momento. Además, habló de la necesidad de profundizar en ellas para obtener mejores resultados en las investigaciones.

Esmeralda Arosamenta mencionó lo importante que resultaría continuar con el análisis en los temas de telefonía y balística porque implican la posibilidad de una revelación de los hechos, especialmente para saber cómo ocurrieron, quiénes intervinieron.

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Uno de los puntos que enfatizó en al menos un par de ocasiones fue la importancia de investigar y procesar penalmente a elementos de los diferentes cuerpos policiales, como los de Iguala y Cocula, así como a las autoridades estatales correspondientes, puesto que consideran que existen evidencias suficientes que implican a varios, por acción u omisión, de ellos como responsables de lo ocurrido a los estudiantes de la normal Isidro Burgos.

Agregó que se debe investigar con mayor profundidad a los agentes castrenses que estuvieron involucrados en la trágica y violenta noche de Iguala, así como aclarar las posibles irregularidades en las investigaciones haciendo uso de la información obtenida por parte de las asistencias jurídicas internacionales “que dieron muchas luces”.

Finalmente, la comisionada presidenta de la CIDH se dijo tranquila por el interés que ha tenido el presente gobierno federal para dar solución a este caso, creyendo que este se evidencia con la instalación de la Comisión de la Verdad y Justicia, no sin antes volver a diagnosticar la necesidad de crear una política criminal de beneficios para que aquellos privados de la libertad puedan cooperar con información determinante, veraz y oportuna.