Casanova Vallejo, detrás de contratos bajo investigación en Ahome y Culiacán

La adjudicación de contratos a la empresa Grinleasing SAPI de CV en los municipios de Ahome y Culiacán ha derivado en procesos penales y en sanciones políticas para sus exalcaldes. En ambos casos, la operación fue subarrendada a Casanova Vallejo, empresa inhabilitada en 2022, lo que encendió alertas sobre las prácticas de contratación.

De acuerdo con la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, el contrato DA-Arrendamiento-018-2021 fue adjudicado por 171 millones de pesos a Grinleasing, el 9 de diciembre de 2021. Apenas dos días después, el 11 de diciembre, la empresa subarrendó el contrato a Casanova Vallejo, sin que se advirtiera la falta de capacidad operativa del adjudicatario original.

La operación provocó el desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros y del exsecretario de Gobierno municipal, Genaro García Castro, quienes enfrentan acusaciones por ejercicio indebido del servicio público. La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento omitió verificar la solvencia y antecedentes del proveedor, en detrimento de las finanzas del municipio.

En febrero de 2022, se autorizó una modificación al contrato para incrementar el número de patrullas, decisión que reforzó los señalamientos por irregularidades. La triangulación evidenció que Grinleasing no contaba con la infraestructura necesaria y que recurrió a un tercero.

En Culiacán, un contrato de 2022 para el arrendamiento de camiones recolectores de basura repitió el mismo esquema. La administración del entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro contrató a Grinleasing, que no tenía los vehículos requeridos y que operó el servicio a través de Casanova Vallejo.

El caso dio origen a un proceso penal contra Estrada Ferreiro, actualmente en curso. La Fiscalía encontró que las unidades arrendadas pertenecían a Casanova Vallejo, empresa con domicilio fiscal en la Ciudad de México, y que la contratación fue autorizada sin verificación técnica suficiente.

A pesar de haber sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública, Casanova Vallejo obtuvo un amparo en abril de 2024 que dejó sin efectos su inhabilitación. Asimismo, ha seguido siendo proveedor del gobierno federal. Entre 2022 y 2025, ha firmado 84 contratos por un monto superior a los 519 millones de pesos.