Cámara de Diputados aprueba sanciones por violencia electoral de género

Se aceleran los trabajos para que la violencia electoral de género sea cosa del pasado dentro de poco. Este día, la Cámara de Diputados aprobó en el pleno la adición de un artículo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales a fin de establecer sanciones para quienes incurran en actos que vayan en contra del goce de los derechos de las mujeres.  

La legislatura federal de la Cámara de Diputados decidió aprobar el día de hoy la incorporación de un artículo 20 bis a la ley antes mencionada para poder imponer de 100 a 400 días de multa y prisión de 1 a 3 años al que por razones de género menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres en México.   

Para poder proceder de esta manera, se decidió establecer una serie de criterios a fin de identificar cuando sean razones de género las que lleven a impedir el desarrollo de los derechos políticos a la población femenina. Entre estas se encuentran el daño en la igualdad de ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer; indicios de un trato diferenciado por su condición de mujer; existencia de una relación de jerarquía o subordinación entre el sujeto activo y la víctima; indicios de amenazas, acoso, violencia física, psicológica o sexual. 

Además, se establece que quien emita propaganda política con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación, podría ser sancionado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión. 

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En la ley también se establecería que en caso de que la comisión de conductas prohibidas se empleara la violencia física, sexual o amenazas, se impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión; mientras que cuando en esas conductas intervenga un servidor público, la pena impuesta se incrementará hasta la mitad además de ser castigado con la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos en el mismo lapso de privación de la libertad.  

Finalmente, en caso de las acciones sean emprendidas por funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena será incrementada en un tercio.  

En la corta discusión, la diputada Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México, declaró en tribuna que casos en el país, como los ocurridos en Oaxaca contra mujeres integrantes de los cabildos, hacen necesario plantear marcos legales que permitan perseguir y sancionar, mediante autoridades especializadas en materia penal, a quienes incurran en ese tipo de violencia de género penal para crear una igualdad sustantiva y no solo formal.  El dictamen fue aprobado de manera unánime con 417 votos a favor.