Brugada va contra la extorsión con aumentos de penas y cambios en la SSC y FGJCDMX

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una estrategia contra el delito de la extorsión en la capital del país. Ello a fin de actualizar la atención que se le había venido dando a este problema, ampliando no solamente los castigos sino también la posibilidad de interponer denuncias y aumentar la capacidad para proteger a las víctimas y dar con los responsables.

En conferencia de prensa, Clara Brugada recordó que actualmente en el Congreso de la Unión existe una iniciativa que propone integrar la extorsión al catálogo de «delitos graves». Sin embargo, indicó que al no estar siendo legislada, ella buscará sus propias reformas legislativas ante el Congreso de la CDMX a fin de incorporarlo en el Código Penal local como un delito no solo patrimonial, sino que también daña la integridad física y psicológica.

«Se busca sancionar no sólo ejercicio de violencia física o moral sino la amenaza», dijo y advirtió que de aprobarse sus propuestas, los casos serán investigados de oficio, de modo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) fortalecerán sus coordinaciones para cumplir con esa nueva labor. Pese a ello, también anunció que se pondrá a disposición de la ciudadanía un teléfono para denunciar extorsiones y que se implementará la campaña «Juntas y juntos contra la extorsión Calma, cautela y comunícate».

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Enseguida, cedió la palabra a la consejera jurídica capitalina, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, quien explicó que es importante el cambio legal propuesto porque incluso los extorsionadores no solo obtienen beneficios económicos, sino sexuales o emocionales. Detalló que lo que desean es establecer en el Artículo 148 Quarter que al que, sin derecho, ejerciendo o amenazando con ejercer algún tipo de violencia física o moral, pretenda obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier tipo se le aplicarán de 10 a 15 años de prisión y multa de 2 mil a 3 mil unidades de medida y actualización.

La servidora pública añadió que esta reforma establece que la extorsión se perseguirá de oficio, además de agravantes que harían que la penalidad se duplique. Entre estos están el que sea realizado por una persona servidora o exservidora pública, así como por miembros o exmiembros de empresas de seguridad privada y por personas que se ostenten como integrantes o miembros de un grupo u organización delictiva, aún cuando no lo sean; cuando se haga vía telefónica, correo electrónico o comunicación electrónica; si se emplean imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual; al cometerse a través de personas menores de edad o con la intervención de una o más personas armadas que pongan en peligro la integridad física de la víctima o vida; y cuando ocasionen daños a instalaciones de comercios.

Asimismo, informó que también se buscará combatir el «gota a gota», que consiste en que delincuentes prestan dinero a sus víctimas y luego las hostigan pidiendo réditos o intereses que vuelven impagables sus deudas. Para ello, la Jefatura de Gobierno propondrá al Poder Legislativo local poner en el artículo 148 Quinquies que al que requiera pagos de una deuda, propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, y utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento para lograr el cobro e intimidación, se le impondrá prisión de diez a quince años y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización. Además, indicó que se les pondrían las sanciones que correspondan si se usurparon funciones públicas o de profesión.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad, adelantó que se realizarán talleres y asesorías para representantes de redes vecinales, comerciantes y empresarios a fin de asesorarlos sobre qué hacer en caso de ser objeto de extorsiones. Asimismo, indicó que se habilitará un chatbot para denunciar casos y que se podrán hacer reportes al teléfono 5550363301, administrado por el C5.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento del modelo de atención e investigación de este delito en la SSC y la creación de la «Fiscalía Especializada para el combate al delito de extorsión» permitirán canalizar a las víctimas a áreas especializadas para darles respuesta inmediata a sus denuncias. Para ello se evaluará el riesgo que corren; se les brindará asesoría jurídica y psicológica; y se les apoyará para desactivar amenazas en caso de que el delito sea mediante vía telefónica y directas mediante inteligencia, resguardo, seguimiento de videovigilancia y más.