AMLO instala Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin escuchar posturas disonantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública acompañado por la mayoría de los gobernadores de la República. Sin embargo, el primer mandatario solo dio inicio a los trabajos antes de retirarse, omitiendo escuchar los posicionamientos de los mandatarios, representantes de la sociedad civil o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre su estrategia de seguridad.

En Palacio Nacional, López Obrador dio inicio a las labores de la III Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ocasión que aprovechó para agradecer a la ciudadanía, los demás poderes de la federación y los mandatarios estatales por apoyarle en su lucha contra la corrupción. Haciendo particular énfasis en Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, por quien pidió un aplauso “por actuar a la altura de las circunstancias que han enlutado al estado y al país”, refiriéndose a la tragedia de Tlahuelilpan.

Tras este mensaje, el presidente recordó que Alfonso Durazo, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es su representante legal en esta materia. Dejándolo, de facto, al frente de la reunión de trabajo con los gobernadores y demás miembros del gabinete antes de retirarse del Salón Tesorería. Algo que, de acuerdo con los mandatarios, ya se les había informado con antelación.

Ya sin el primer mandatario, se les otorgó la palabra a los representantes de la sociedad civil Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano; Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro; y Orlando Camacho, de México SOS. Quienes instaron a la administración de López Obrador a accionar con inteligencia, privilegiar la prevención ante la reacción, y construir instituciones de seguridad sólidas desde las comunidades. Esto al coincidir con él en la urgencia de pacificar el país.

Entre las observaciones hechas tanto por estos representantes de la sociedad civil como por Luis Raúl Pérez, presidente de la CNDH, se encontraban reservas respecto a la Guardia Nacional por concentrar las actividades de seguridad pública en el gobierno federal y las Fuerzas Armadas; un llamado a respetar la autonomía de la Fiscalía General de la República y sus 32 similares estatales; y el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Tras estos posicionamientos, Durazo cerró la mesa de trabajo asegurando, de nueva cuenta, que la Guardia Nacional no significa la militarización del país ni el reemplazo de las corporaciones civiles de seguridad a nivel municipal y estatal. Así como enlistó un decálogo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se enfoca en el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios, las corporaciones e instituciones de seguridad locales y las comunicaciones entre los tres órdenes de gobierno.

Además de estas medidas, también se implementará el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. El cual, por medio de la cooperación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, determinará la cantidad de recursos que recibirá para estas labores. Sin embargo, tras levantarse la sesión, varios gobernadores como Cuitláhuac García, de Veracruz; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; o Francisco Domínguez, de Querétaro, consideraron que estos financiamientos podrían resultar insuficientes, por lo que podrían solicitar incrementos.