‘Niños fantasma’ persiguen a la secretaria del Bienestar…en su comparecencia

Este día, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, tuvo su comparecencia en la Cámara de Diputados en una sesión donde la oposición le cuestionó sobre la existencia de ‘niños fantasma’ supuestamente encontrados en la revisión de las estancias infantiles, así como de la naturaleza de los programas sociales de la nueva administración, la eliminación de los anteriores y los “Servidores de la nación”.

Luis Mendoza, del PAN, acusó al gobierno federal y a la Secretaría de Bienestar de ser poco congruentes al señalar que han fortalecido el desarrollo social con un enfoque comunitario cuando en realidad han entregado, hasta ahora, las ayudas de manera personal a beneficiarios de estancias infantiles y ‘Sembrando Vida’.

No obstante, María Luisa Albores respondió a ello afirmando que su secretaría no es la única que vela por el desarrollo social, sino que en realidad se trata de una acción coordinada de todas las instancias del gobierno con un presupuesto invertido de más de 400 mil millones de pesos.

La diputada Anilu Ingram Vallines, del grupo parlamentario del PRI, preguntó por qué se han eliminado algunos programas que venían funcionando y qué seguridad había de que los nuevos programas no cayeran en la falta de transparencia.

Albores resolvió diciendo que la secretaria afirmando que se han realizado programas para evitar, evitar y sancionar la opacidad, además de implementar con el INE, la Secretaría de la Función Pública un blindaje para evitar que los programas sean utilizados con fines político-electorales y que se habían eliminado algunos programas debido a que estos no habían funcionado para disminuir la pobreza.

Las preguntas sobre la situación de las estancias infantiles y las consecuencias de encontrar los supuestos ‘niños fantasmas’ iniciaron con las preguntas de Francisco Ramírez Salcido, diputado de Movimiento Social, quien pidió un informe oficial de la corrupción en las estancias infantiles como lo señalaron para desaparecer el programa, ya que no existían noticias de castigados y procesos iniciados a partir de ellos.

Esta inicialmente solo señaló que los padrones de beneficiarios eran públicos y actualizaban trimestralmente en la página de internet, así como de otros 15 programas integrales para el bienestar.

La respuesta fue considerada insuficiente por la diputada tricolor Laura Barrera, quien señalara que en 2012 este programa había sido incluso reconocido por la ONU debido a que era un “ejemplo” para América Latina por su correcta aplicación, contrastando con la situación actual donde se desconocía cuántas madres llevan a espacios de cuidado infantil con los recursos que se les da de manera directa.

Además, Albores fue cuestionada porque si bien informaba de la existencia de 84 mil ‘niños fantasma’, no se ampliaba la información para saber en qué estancias estaban ni si esto había derivado en investigaciones, duda que se complementaba a saber cómo se iba a favorecer a la educación inicial si en el PEF 2020 no se asignaba un solo peso a este rubro.

Ante ello, la secretaria respondió que los cuidados infantiles son en realidad un tema de política nacional que se trabajan con el sector salud, el DIF y la SEP a fin de fomentar la estimulación temprana y cuidar los hábitos alimenticios. En tanto que en el caso de las estancias se limitó nuevamente a abarcar aspectos generales del programa como el monto que reciben los padres de familia y afirmando que todos los que estaban en los padrones recibirán su correspondiente apoyo, algo que resultaba “legal y procedente” según el resolutivo que hizo la SCJN al sobreseer el caso de Parrar, Chihuahua.

La respuesta incomodó al panista Mario Mata Carrasco, quien acusó de estar mintiendo a la secretaria del Bienestar dado que el poder judicial había sobreseído el caso debido a que ya no había interés del municipio por continuar la discusión, preguntando nuevamente por las acciones jurídicas derivadas del cambio de marco operativo del programa de asistencia de madres trabajadoras.

Ante ello, Albores aprovechó su turno para indicar que a su dependencia le han sido notificadas, hasta el pasado 15 de septiembre, un total de 1609 juicios de amparo, de los cuales 77% fueron promovidos exclusivamente por personas responsables de las estancias, 181 por madres o padres, 179 por madres, padres, o tutores acompañados de responsables y solo un juicio promovido por una sola persona, procediendo la mayoría de ellos de los estados de Chihuahua y Puebla, teniendo en la casa electoral del PAN el domicilio de la mayoría de notificaciones.

Por el PES, la diputada Adriana Teisser dijo apoyar la visión del gobierno en política social debido a que pone en el centro de la política pública al ser humano, sin embargo, preguntó también sobre por qué no se toma en cuenta la recomendación de la CNDH.

A ello, la responsable del desarrollo social en México dijo que no se están violando los derechos de las madres trabajadoras como lo señala la recomendación, ni se atenta contra los derechos económicos y culturales de niñas y niños, ya que se “garantiza” una mayor cobertura para llegar a más beneficiarios con menos recursos.

No obstante, finalizó su respuesta haciendo una alusión personal al titular de la CNDH afirmando que éste no buscaría su reelección debido a que la Comisión “ha dejado mucho qué desear respecto a sus responsabilidades” en casos como los de la guardería ABC, Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Fue Abril Alcalá Padilla, diputada del PRD, quien le cuestionó por la actuación indebida de los ‘Servidores de la Nación’ y los ‘superdelegados’ favoreciendo a la promoción de la imagen del presidente. Albores replicó diciendo que estos son prestadores de honorarios que no dependen de ella ni de su secretaría, respuesta que Alcalá criticó afirmando que la secretaria del Bienestar se estaba lavando las manos.

Finalmente, misma crítica recibió la secretaria por parte de la morenista Claudia Yañez Centeno, quien dijo que con consternación debía denunciar que se estaba realizando un manejo político de los programas por parte de los ‘superdelegados’ en detrimento de los derechohabientes como en los casos de Tamaulipas y Colima, recibiendo como respuesta que en esos casos ya se ha notificado al órgano de control interno así como a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo para que tomen las acciones legales pertinentes.

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