Metrópoli
Sospechas de desvíos de recursos para rescate de viviendas en gestión de Mancera
La titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, Patricia Ruiz Anchondo, aseguró que «desorden si había» en la institución que recibe por parte de la administración perredista.
En la conferencia de prensa conjunta, donde presentó con Claudia Sheinbaum el programa de Recuperación de Unidades Habitacionales, ambas funcionarias denunciaron en repetidas ocasiones que la administración perredista encabezada por Miguel Ángel Mancera y posteriormente por José Ramón Amieva, dejó múltiples pendientes y sospechas de desvío de recursos en cuanto al rescate de viviendas de interés social.
Sheinbaum afirmó que en la Procuraduría se encontraron casos donde no se dieron los recursos necesarios, por lo que la contraloría ya se está involucrando.
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Por su parte, Patricia Ruiz Anchondo aseguró estar actuando «en el sentido que indica la jefa de gobierno», y completó diciendo que pugnan porque se haga una auditoría al programa, y a la procuraduría.
Acorde con la información ofrecida, detalló que ya se encuentra en marcha una investigación al interior de la Procuraduría Social, misma que ha arrojado, entre otras cosas, que los recursos en la administración pasada se ampliaban de manera indiscriminada, por lo que no alcanzaban: «tenemos sospechas de que algo estaba ocurriendo, había una especie de desvío de recursos», aseguró Anchondo.
También, confirmaron que hubo unidades que no eran de interés social y que recibieron recursos, aunque no especificaron montos. A otras, se les entregaban los recurso pero eran demasiado altos para las necesidades; o en otros casos, se entregaba por vivienda lo que estaba destinado a áreas publicas. Detalló que en 2017 los recursos se empezaron a dar en noviembre, y que en algunos casos únicamente se dio un anticipo; sin completar nunca los montos prometidos.
«Ya se está haciendo el censo, el programa ya inició», abundó la Procuradora, expresando su deseo de que la primera entrega sea «pronto», debido a un supuesto saldo pendiente que dejó la administración anterior.
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