Por investigación «fallida», juez ordena a PGR reabrir Tlatlaya

Luego de 4 años de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ha ordenado a la Procuraduría General de la República (PGR) la reapertura del caso, para que se realicen nuevas investigaciones que esclarezcan lo acontecido la noche del 30 de junio de 2014.

En el comunicado, se asegura que la PGR no ha realizado los esfuerzos pertinentes y que la investigación que llevó a cabo resultó deficiente, poco efectiva e inadecuada, al no haberse analizado varias pruebas, ni haberse tomado en cuenta testimonios de los militares involucrados ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como no presentar iniciativa para recabar pruebas nuevas.

Por esto, se le ordena a la dependencia gubernamental «realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad». Asimismo, se escribe que las autoridades deben «de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión».

📃 #Tlatlaya4años

Poder Judicial Federal reconoce la falta de debida diligencia en la investigación de la ejecución arbitraria ocurrida en #Tlatlaya hace 4 años

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— Centro Prodh (@CentroProdh) August 12, 2018

Dicha resolución, dictada el pasado 25 de mayo, fue en respuesta a un amparo presentado por Clara Gómez González, sobreviviente del incidente ocurrido en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, en donde 22 civiles fueron ejecutados por militares, y cuya versión oficial por parte de las autoridades apunta que todos ellos eran delincuentes, y resultaron abatidos en el enfrentamiento con las fuerzas judiciales.

El testimonio de Clara y la recomendación de la CNDH revelaron que un número todavía indeterminado de aquellas muertes (aunque entre 12 o 15 están confirmadas) fueron resultado de ejecuciones arbitrarias realizadas después de la rendición de los civiles, y que «existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables».

En el texto se hace hincapié en la «fallida investigación de la PGR», por la cual «a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables»; y, se apunta que la falta de un debido proceso de investigación, «es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México».

Dicho comunicado finaliza asegurando que esta falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza, «han sido una constante desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico»; y se escribe que «para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México», es necesario cambiar el paradigma de seguridad, así como el procuramiento de justicia en los casos concretos que vulneran los derechos humanos en el país.