25 estados de EU demandan aranceles de Trump

Un total de 25 entidades federativas de Estados Unidos interpusieron una demanda en contra de los aranceles amparados por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, impuestos unilateralmente por Donald J. Trump a los productos importados. Cabe recordar que durante junio la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que dicho gravamen aplicaría a 60 economías ante la falta de aplicación efectiva para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La demanda fue presentada por los gobiernos demócratas estatales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, declaró a través de sus redes sociales que tras perder en la Corte Suprema, la administración federal está intentando nuevamente aumentar los impuestos a las familias y empresas con otra ronda de aranceles ilegales. En tanto, indicó que el presidente no tiene el poder para imponer tales gravámenes de manera generalizada.

«La gobernadora Kathy Hochul y yo estamos demandando los aranceles otra vez”, escribió en redes sociales.

De acuerdo con medios estadounidenses, la denuncia plantea que no hay una relación racional entre el trabajo forzoso y las cadenas de suministro internacional con los aranceles impuestos. En tanto, acusó a la USTR de omitir consultas obligatorias para cada país y de no justificar tasas arancelarias similares entre economías diferentes.

Según lo anunciado por dicha oficina, el arancel será de 10% para determinados productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido; del 10 al 12.5% a los de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza; así como del 12.5% para todos los demás países investigados.

Por su parte, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, respondió que Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas «irrazonables» que perjudican el comercio estadounidense. Argumentó que la omisión de un país extranjero de imponer y hacer cumplir eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso perjudica al comercio y trabajadores estadounidenses.