Intelectuales y columnistas respaldan entrega de pensión a María Amparo Casar y acusan “persecución política”

Intelectuales y columnistas respaldaron la entrega de la pensión a María Amparo Casar Pérez, actual directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), y acusaron “persecución política” por parte del gobierno federal.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reabriera y judicializara la investigación en contra de la también exfuncionario del gobierno del panista Vicente Fox Quesada por presuntamente haber obtenido de manera ilegal la pensión vitalicia de su esposo, pese a que este se suicidó y únicamente trabajó cuatro meses en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que no le correspondería el beneficio, unos 80 de sus compañeros firmaron un desplegado, que circuló en redes sociales, para mostrar su apoyo.

En el documento que firmaron perfiles como Héctor de Mauleon, Héctor Aguilar Camín, Facundo Rosas, Carlos Bravo Regidor, Joaquín Cossío, Leonardo Curzio, Luis Carlos Ugalde, Julián Lebaron, Jorge Castañeda, así como Renato Sales, exfiscal de Campeche con la morenista Layda Sansores San Román, entre otros, acusan que se utiliza el aparato legal del Estado para investigar y perseguir a una persona.

“La utilización del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen derechos consagrados en la ley. Ello resulta incompatible con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano”, sostienen.

Además, afirman que la pensión por viudez que obtuvo cuando era asesora de Santiago Creel, cuando era secretario de Gobernación de Vicente Fox, a la muerte de su esposo en 2004, es completamente lícita.

“La percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por la ley. En consecuencia, no puede ni debe ser criminalizado su ejercicio, pues hacerlo vulnera principios elementales del Estado constitucional de derecho, entre ellos el de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y no criminalización del ejercicio de derechos”, indican.

Recordemos que en los más de 20 años que lleva recibiendo está prestación mensual por 125 mil pesos ha recibido 31 millones de pesos, sumando las becas de licenciatura y maestría en el ITAM que sus dos hijos gozaron con cargo al presupuesto de Pemex.

Los abajo firmantes, en su texto, también exhortan a la Fiscalía a ser “objetiva”.

“Exhortamos de manera firme y fundada a la Fiscalía General dela República a que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar”, insisten.