ASF detecta casi 52 mil millones de pesos por aclarar en la Cuenta Pública 2023

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de la Cámara de Diputados, informó supuestas irregularidades de alrededor de 52 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2023. En tanto, destacó que uno de los mayores entes con mayor cantidad por aclarar es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por Zoé Robledo Aburto.

Durante su presentación en San Lázaro, el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, señaló que por fin se culminaron los procesos de revisión de la Cuenta Pública 2023. Mencionó que con estos se revisó el gasto de más de 8 billones de pesos por parte de más de 6 mil entes del orden federal y el sistema subnacional de gobierno, de modo que eso provocó que haya 42% más auditorías que las que integraron la Cuenta Pública 2017.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, 51 mil 979 millones de pesos es la cifra que aún queda por aclarar del gasto ejercido en 2023. No obstante, el auditor superior de la federación pidió tomar en consideración que todos los resultados de posible daño patrimonial pasan ahora a una segunda etapa en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, misma donde se pueden aclarar las observaciones determinadas o, de no ser así, dar inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias y procedimientos resarcitorios en contra de funcionarios responsables, según corresponda.

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Según precisó, el monto por aclarar por parte del sistema subnacional de gobierno es de más de 40,801.6 millones de pesos, el doble de la Cuenta Pública 2022. Explicó que esto sería resultado de los procesos de auditoría e implementación de nuevas tecnologías de información e inteligencia artificial.

Asimismo, compartió que el análisis de la ejecución de recursos por 139 instituciones de educación superior arrojó que faltan más de 900 millones de pesos por aclarar. Según se detalla que 611.4 millones de pesos corresponderían a Universidades Públicas Estatales (UPES), 217.8 millones de pesos a Institutos Tecnológicos, 36 millones de pesos a Universidades Tecnológicas, 25 millones de pesos a Universidades Politécnicas y 14.9 millones de pesos a Universidades Interculturales.

Colmenares Páramo destacó que para la Cuenta Pública 2023 se alcanzó una cobertura de fiscalización del 100% en 15 entidades (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco).

En cuanto a los Fondos y Programas fiscalizados en los Municipios y Alcaldías, se detectó que hay gastos de más de 15,800 millones de pesos pendientes de justificar. En el desglose, se expone que 7,075 millones de pesos serían de participaciones federales a municipios, 4,263.8 millones de pesos del Fortamun, 2,835.6 millones de pesos del FAISMUN, 1,580.1 millones de pesos de contratos y convenios financiados con gasto federalizado, y 80.6 millones de pesos de disponibilidades de recursos de transferencias federales etiquetadas a municipios.

El titular de la ASF destacó que para la Cuenta Pública 2023 se hicieron 29 auditorías forenses a entes que no habían sido antes revisados a profundidad, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el IMSS, Diconsa y el Instituto Nacional de Migración (INM), en el orden nacional. En tanto, en el orden subnacional se hizo este tipo de revisión a poderes judiciales locales, servicios de salud locales y universidades autónomas. Su escrutinio permitió hallar que existen por aclarar más de 6,600 millones de pesos.

Cabe destacar que este también precisó que las auditorías demostraron que hay 8,599.2 millones de pesos en las revisiones al sector público federal. David Colmenares subrayó que más del 80% (6,276.6 millones de pesos) se encuentra relacionado con entidades de la Administración Pública Federal como Birmex, IMSS, Fonatur y otros; 16% son de empresas productivas y subsidiarias del Estado (1,270.4 millones de pesos); y el 4% (1,049.2 millones de pesos) estaría vinculado a las secretarías de Estado.

Entre los resultados de fiscalización del IMSS se menciona que al revisar el método de cálculo de 11 prestaciones en dinero determinadas en 12 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), se observó pagos a 42 empleados por diversos conceptos arriba del cálculo autorizado de 0.2 millones de pesos. También se señala que existe documentación insuficiente para comprobar y justificar la prestación de servicios médicos integrales y la conciliación de pagos efectuados por un importe total de 984.9 millones de pesos, correspondiente a los OOAD en Yucatán, Baja California, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Tabasco.