“Reforma Judicial nació de la posverdad, no tuvo diagnóstico y sus consecuencias son impredecibles”: Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, continuó su ataque contra la Reforma Judicial al afirmar que esta crea incertidumbre. Asimismo, sostuvo que la modificación constitucional, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y avalada en el propio tribunal constitucional, no fue planificada a partir de un diagnóstico sino de una “posverdad”.

Al inicio de la XIX Asamblea General Ordinaria, Norma Piña declaró que las personas juzgadoras en México y la población en general están ante una enorme incertidumbre sobre los efectos de la Reforma Judicial. Ante este escenario, señaló que se torna indispensable un diálogo abierto y franco sobre los riesgos y los retos que implica la implementación no solo de un nuevo modelo de elección, sino los impactos en la función misma de juzgar, la independencia y la carrera judicial.

“Partamos de que estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial, no es posible saber en estos momentos cuál será su resultado. Se necesita de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso y, al mismo tiempo así lo deseo por el bien de mi país, que la expresión ‘Sí se pudo’ exclamada por algunos solo tendrá sentido no ahora sino cuándo en su caso los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema, que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”, pronunció.

Pese a ese deseo, la ministra sostuvo que este nuevo modelo surgió partir de una narrativa repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad, lo cual lo convierte en un caso de la “posverdad”. Indicó que en estos, los hechos objetivos y verificados tienen menos influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que las apelaciones a las nuevas creencias, a los sentimientos o a las emociones.

Por otra parte, acusó que la Reforma Judicial fue concebida sin un diagnóstico y que esto fue reconocido por Antonio Montero, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica presidencial, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) . Recordó que el jurista y político Alexis de Tocqueville afirmaba que las innovaciones tendrán tarde o temprano determinados resultados; en ese sentido, señaló que hay voces que advierten que un día la gente se dará cuenta de que disminuir así la independencia de los magistrados no solo se ha atacado al Poder Judicial sino a la República democrática.

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“No debe extrañarnos tampoco que se haya sostenido por otras voces que los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado, y que uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. En toda democracia el camino para fortalecer el estado de derecho debe ser evaluado debatido enriquecido y cuando múltiples voces nacional e internacionalmente –academia juzgadores– alzan la voz en un coro de advertencias, entonces resulta prudente prestar atención”, dijo.

Norma Piña agregó que ha opinado abiertamente que se necesita una reforma en materia judicial, pero sin caer en supuestas salidas fáciles en medio del contexto tan complejo que se vive en México. Aseguró que este no permite una improvisación y mucho menos de esta magnitud, cuyas consecuencias hasta ahora son impredecibles, aunque aseguró que el modelo instaurado politiza la impartición de justicia.

Finalmente, dijo que ella continuará sosteniendo que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa la democracia. En tanto, subrayó que el exministro Juan N. Silva Meza advirtió que la Reforma Judicial pretende, más que un nuevo diseño judicial, un desmembramiento constitucional o una dislocación del principio de división de poderes que reubica al poder judicial como órgano subordinado del poder político hegemónico.