Diputados de la 4T aprueban prisión preventiva oficiosa para extorsión y otros delitos

Los diputados del bloque legislativo de la “Cuarta Transformación” aprobaron ingresar la extorsión y otras actividades ilegales al catálogo de delitos “graves” para los cuales es válida la prisión preventiva oficiosa.  Esto ante críticas opositoras que argumentaron que ello va en contra de los derechos humanos y que el combate a la inseguridad requiere de otro tipo de cambios legales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, explicó que el dictamen incorpora la facultad de jueces para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Asimismo, indicó que esta reforma permitiría aplicar la misma medida para casos de defraudación fiscal, así como contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu expresó que si no gustan los resultados del sistema de procuración e impartición de justicia, debe haber un debate sobre cómo mejorarlos en lugar de ampliar el catálogo de delitos “graves”.  Esta propuso como alternativa  invertir en capacitación y construcción de capacidades de policías, de investigadores, de ministerios públicos, de servicios periciales,  además de revisar el sistema penitenciario y de reinserción social.

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“Hablemos con objetividad de qué situaciones ameritan medidas de excepción y establezcamos con pulcritud por qué, cuáles, cómo, dónde y con qué reglas. Hay que distinguir la gravedad de las conductas y hay que sujetar a las autoridades a parámetros muy estrictos de legalidad, de transparencia y de respeto a los derechos humanos”, dijo.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yañez Cuellar argumentó que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas. Indicó que desde 2008, cuando se modificó la Constitución Política de manera integral para fortalecer un sistema de procuración y administración de justicia –con un cambió el modelo penal–  esta medida fue altamente criticada porque con ella el Estado puede privar de su libertad a una persona sin la necesidad de una sentencia, bastando con la acusación del Ministerio Público ante el juez.

Tras este, Yordana Garay Loredo, diputada del Partido del Trabajo (PT), defendió la serie de modificaciones propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señalando que esta medida cautelar es fundamental para evitar que los supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia. A la par, sostuvo que la correcta procuración de justicia permitirá que el pueblo no padezca nunca más de atropellos a su dignidad y que el ideal de justicia social sea más que un hecho.

Mientras tanto, la diputada panista Annia Gómez señaló que el PAN también votaría en contra de esta reforma constitucional porque violenta el principio de presunción de inocencia. Asimismo, consideró  que atenta contra del derecho convencional, es decir, contra tratados internacionales que respaldan la defensa de los derechos humanos.

Al término de la discusión en lo general, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena,  presentó una reserva para excluir del catálogo el narcomenudeo, para darle mejor un tratamiento social. A la par, solicitó borrar del dictamen la defraudación fiscal, por su amplia concepción donde entra cualquier uso de maquinación, engaño o manipulación de ciudadanos para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Y una tercera reserva, presidente y Asamblea, es muy importante, porque en la hipótesis jurídica del distribuidor de precursores químicos está muy acotada y sirve como espacio para la impunidad y para la liberación de delincuentes condenados o de presuntos delincuentes procesados”, pronunció.

Al final, estas reservas se aprobaron por parte de la mayoría y finalmente el dictamen  con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, fue votado. Al final, hubo 335 votos a favor, 108 en contra y 0 abstenciones el dictamen.