Diputados aprueban reforma para blindar cambios constitucionales

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma para blindar cambios constitucionales. Esto ante el intento de hacer interpretaciones diversas para atacar el producto de la Reforma Judicial, por parte de opositores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Al inicio de la sesión, el morenista Leonel Godoy Rangel presentó el dictamen señalando que agregaba al artículo 105 constitucional que «son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”. Asimismo, indicó que en el artículo 107 se aclara que «No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Carta Magna”, tal como ya lo menciona el artículo 61 de la Ley de Amparo.

Enseguida, mencionó que con esta modificación se busca certeza jurídica y reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional (acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales) y amparos que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Política. En tanto, precisó que dichas figuras se mantendrán en los términos previstos actualmente en este documento fundacional.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala, acusó que existía una violación al proceso legislativo de esta modificación. Argumentó en primer lugar que el proyecto de dictamen no se difundió con cinco días de anticipación; asimismo, afirmó que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales no supieron lo que se quería aprobar hasta 24 horas antes de su discusión.

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Desde Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, argumentó que la reforma no busca imponer la supremacía de la Constitución sino de Morena, para que su gobierno pueda atropellar tanto a estudiantes como al sistema republicano sin ser cuestionado. Sostuvo que tales cambios son “inconstitucionales” y viola más de 600 recursos jurídicos y legales, entre ellos una suspensión definitiva que su parte obtuvo contra la Reforma Judicial.

Por parte del Partido Revolucionario (PRI) subió a tribuna César Alejandro Domínguez Domínguez, quien afirmó que la reforma atenta contra el principio de convencionalidad; que representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos de los mexicanos; y que no se acreditó la urgencia para aprobar el dictamen en una reunión extraordinaria.

Enseguida, Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que la derecha estaba mintiendo una vez más para causar miedo entre la población. Subrayó que la supremacía constitucional será una realidad con la propuesta de la 4T y que si se hacía era precisamente para prohibir condiciones que permitan dar un golpe de Estado legal a través de interpretaciones de la Constitución Política.

Tras culminar, Ruth Maricela Silva Andraca, diputada del PVEM, argumento que el Poder Legislativo es el único ente que puede modificar la Carta Magna y las leyes que de ella emanan, aunque respetando procedimientos y preservando la lógica del sistema jurídico. Por eso, opinó que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para declarar inconstitucional un fragmento de la Constitución, se aparta totalmente de la jurisprudencia emitida por la Corte y carece de todo fundamento constitucional.

Finalmente, la ministra en retiro y diputada de Morena Olga Sánchez Cordero Dávila recordó que exministras y exministros como Mariano Azuela, Juan Díaz Romero, Fernando González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, así como los panistas Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, declararon en su momento que el Poder Judicial carece de competencia para revisar las reformas constitucionales, postura derivada del principio de supremacía constitucional y de la función del Constituyente Permanente en México.

La reforma fue finalmente aprobada con 340 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención en lo general y 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones tras la discusión en lo particular. Ante ello, el dictamen fue turnado a las legislaturas locales en espera de que la mayoría de ellas la apruebe para su validación total.